Massoni quiere penas y fuertes multas para las amenazas de bomba

El ministro de Gobierno de la provincia, Federico Massoni, confirmó ayer que técnicos del ministerio de Seguridad de Nación y de la Policía Federal Argentina llegarán a la zona del valle para investigar los múltiples casos de amenaza de bombas que se generaron en distintas escuelas de Trelew.

El funcionario provincial adelantó que, además de la sanción penal que conlleva cometer el delito, pretende imponer fuertes multas a los responsables.

Personal técnico del ministerio de Seguridad de Nación y de la Policía Federal Argentina llegarán en las próximas a la provincia para investigar, con equipos especiales, los múltiples casos de amenazas de bomba que se generaron en escuelas de la ciudad de Trelew.

La presencia del personal de la cartera que conduce Patricia Bullrich fue confirmada ayer por el ministro de Gobierno de la provincia, Federico Massoni, quien también adelantó que la Brigada de Investigaciones de la policía chubutense de Rawson tiene elementos y pistas firmes para identificar a los responsables.

“Lo primero que quiero decir, para que la gente entienda, es que no estamos ante una travesura. Esto es un delito y debe ser abordado y castigado como tal. Además de la preocupación, estas amenazas hacen que la provincia disponga de personal y elementos. Todo esto, además de generar un stress muy grande, genera un gasto importante”, explicó.

En diálogo con El Patagónico, Massoni indicó que está analizando con el personal del área legales de su ministerio la posibilidad de establecer e imponer multas a los responsables de estas acciones. “Además del castigo que establece la ley, queremos que quien lleva adelante estas amenazas pague el operativo que tenemos que desplegar por sus acciones. Si es mayor lo pagará de su bolsillo. Si es menor se tendrán que hacer cargo sus padres o la persona que esté a su cargo”, explicó.

EL PROTOCOLO

En otro tramo de la entrevista, el ministro desestimó los planteos de los gremios y de concejales respecto a la resolución 172, por el que se puso en marcha el protocolo de protesta, que aclaró “no es una adhesión al nacional, sino uno propio”.

“Cuando estuve con los concejales no me dijeron nada sobre el tema. En aquella reunión, el eje de la visita eran las cámaras, el 911 y otras cuestiones. Tal vez por eso no me comentaron nada”, señaló, en relación al posicionamiento que la mayoría de los ediles asumió en la sesión del jueves.

Massoni dijo que el protocolo “no avanza sobre derechos, sino todo lo contario. Nosotros queremos que la gente y los gremios, si tienen que reclamar o expresar el malestar por algo puedan hacerlo, pero sin violentar los derechos de los otros”, señaló.

“El corte de ruta es un delito. Esto está claro y basta con leer lo que dice el artículo 194 del Código Penal. Por algo la justicia está citando a indagatoria a quienes, en el medio de su protesta, llevan adelante estas acciones, con las que está violentando los derechos de las otras personas”, insistió.

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