La dirigente social Milagro Sala fue trasladada ayer nuevamente al penal Alto Comedero, en la capital jujeña, desde su propiedad ubicada en la localidad de El Carmen, donde cumplía prisión domiciliaria desde el 31 de agosto, por “incumplimiento” de las condiciones de ese beneficio, según determinó la Justicia.

La decisión fue tomada por el juez jujeño Pablo Pullen Llermanos, luego de que Sala se negara el viernes a ser trasladada para realizarse exámenes médicos en un hospital de la capital provincial, a lo que se había comprometido cuando se la benefició con la prisión domiciliaria, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El juez entendió que Milagro Sala no colabora en cuidar su salud, que era la condición principal por la que dio lugar a su traslado del penal y por ello decidió revocar la resolución”, informaron a Télam voceros judiciales sobre la decisión tomada por el juez, quien se hizo presente a las 7 de la mañana en el domicilio de Sala para notificarla de su regreso al penal.

El traslado estuvo a cargo del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales de la fuerza de seguridad provincial, con intervención de personal del Servicio de Emergencias Médicas de Jujuy.

Desde la organización Tupac Amaru aseguraron que el operativo fue “absolutamente ilegal” y que el traslado se realizó en “autos sin patente” luego de que “irrumpieran en el domicilio y, por la fuerza, se la llevaran en pijama y descalza”.

Mientras, la abogada defensora de la dirigente social, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó su “preocupación” por el hecho y denunció al presidente Mauricio Macri; al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al juez Llermanos de ser “responsables de la vida” de la líder de la Tupac Amaru.

En una rueda de prensa realizada al mediodía en la sede porteña del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la abogada -excandidata a diputada porteña en las PASO por Unidad Ciudadana- explicó que Sala había solicitado a sus abogados el miércoles que le gestionaran una consulta en una clínica privada por padecer trastornos gastrointestinales.

“Por ley los detenidos están autorizados a pedir atención médica privada”, señaló la abogada al relatar que el viernes unos “50 policías llegaron a su casa sin previo aviso para decirle que debía ir al Hospital Pablo Soria para realizarse estudios, a los que ella se negó argumentando que no había sido notificada y que estaban dispuestos estudios en un centro privado”.

Además denunció: “hombres con las caras tapadas y con itakas, se hicieron presentes de modo violento, le tiraron la resolución al suelo, la golpearon, la esposaron y empujaron a su marido”.

También expresó su preocupación el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, quien calificó como un “traslado intempestivo” el regreso de Sala a la prisión Alto Comedero y afirmó que esta situación implica un “retroceso”.

“Lo veo con mucha preocupación. Como Comisión dictamos una medida cautelar que planteaba la necesidad de que tuviera una situación distinta a la prisión, como el arresto domiciliario o un arresto con vigilancia”, dijo Eguiguren en declaraciones a FM La Patriada.

En ese marco, el titular de la CIDH dijo que el tema se analizará durante la reunión de trabajo que se pautó en el marco del período de sesiones que el organismo mantendrá en Montevideo, Uruguay, entre el próximo 23 y 27 de octubre.

La dirigente había sido trasladada el 31 de agosto desde el penal a su casa del barrio La Ciénaga, a unos 30 kilómetros de la capital San Salvador de Jujuy, luego de la resolución de la CIDH que recomendó a la Justicia jujeña que adopte “medidas alternativas a su detención en el penal de mujeres de Alto Comedero” por considerar que corría riesgo su vida.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó a fines de septiembre el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenó su traslado nuevamente al penal, decisión que se mantenía en suspenso a raíz de un recurso presentado por la defensa de la dirigente.

Para el traslado de ayer, según lo dispuesto por el juez, los abogados de Sala no fueron notificados previamente, por eso denunciaron que se trató de un hecho “absolutamente ilegal” y en un “día no hábil”.

PARA LA TUPAC AMARU “ES UN SECUESTRO”

En un comunicado de prensa, la Tupac Amaru consideró que se trata de un “secuestro” y explicaron que, tras la resolución de la Cámara de Apelaciones que dispuso la revocatoria de la detención domiciliaria, el juez Pullen Llermanos “perdió jurisdicción sobre el expediente vinculado a la medida cautelar dispuesta por la CIDH”.

En tanto, tanto el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello, como el fiscal de Estado de esa provincia, Mariano Miranda, afirmaron que el traslado de Sala se debe al incumplimiento de las condiciones impuestas para mantener la detención domiciliaria de la que gozaba.

“En principio, se trataría de incumplimiento al régimen, lo que motivó su traslado al servicio penitenciario”, sostuvo Lello, en declaraciones a TN y consideró “irrazonable, falaz y ajeno a la constancia de los expedientes” el argumento de los abogados de la líder de la Tupac Amaru, que denunciaron que “fue secuestrada”.

Desde el Gobierno, el único que realizó declaraciones fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien señaló que el Poder Ejecutivo está “analizando” la situación judicial de la dirigente y que la decisión fue adoptada por un “juez independiente que toma una decisión dentro del marco de sus competencias”.

“Veremos cuál fue la razón que motivó esto y cómo evoluciona la situación. El ministerio de Justicia ni el Estado nacional tiene injerencia en la decisión de un juez. A lo sumo se marcarían y harían las presentaciones a la CIDH y al propio Poder Judicial de la provincia si es que se advierte que hay una situación irregular”, concluyó.