En medio del colapso de las prestaciones y las denuncias de vaciamiento del Pami, fuentes con acceso a los números finos de la obra social de los jubilados revelaron a LPO que existe un agujero financiero de 1.2 billones de pesos que explica en buena parte la crisis total del organismo.

A finales de 2024, Milei eliminó el Impuesto País, que destinaba el grueso de lo recaudado al Pami. Por entonces el Gobierno dijo que cubriría ese hueco con asistencia financiera del Tesoro. Pero no sucedió.

Fuentes consultadas detallaron que, de los 2.8 billones de pesos que hubieran ingresado al Pami este año vía Impuesto País, Toto Caputo solo compensará por presupuesto 1.6 billones.

Por lo pronto, según el análisis de la ejecución presupuestaria hecho por la Oficina de Presupuesto del Congreso, hasta julio la asistencia financiera del Tesoro al Pami es de $0,9 billones, lo que implicó una disminución del 28,7% en términos reales comparado con lo enviado durante el mismo periodo de 2025.

Solo en julio, la asistencia fue de $0,1 billones, una reducción del 16,8% en términos reales.

El desfinanciamiento de la obra social de los jubilados ya dispara alarmas en cuadros técnicos del Pami y del Ministerio de Salud que avisan que la crisis que golpea al instituto es inédita y abre un panorama incierto a futuro.

Esa preocupación contrasta con la actitud del ministro Mario Lugones, autoexcluido de los reclamos diarios que llegan por el déficit prestacional del Pami al que, según señalan fuentes del sector, decidió dejarlos "librados a su suerte". "Si se tiene que romper el sistema que se rompe, si tienen que quebrar clínicas que quiebren", lo escucharon decir. Aunque Lugones proviene del radicalismo, su jefe político es el mítico Coti Nosiglia, atraviesa una fase libertaria extrema, comentan quienes lo frecuentan.

Esa visión no es compartida por el ala política del Gobierno donde advierten que por el descalabro del Pami, La Libertad Avanza se arriesga a perder en 2027 buena parte de los votos de los jubilados, históricos votantes del PRO, que apoyaron a Milei en 2023.

Ya en junio, LPO reveló que Caputo recurrió al pago a proveedores con bonos. Esa medida no cicatrizó la crisis financiera de la obra social que ya está causando el cierre de clínicas y la falta de remedios para los jubilados.

Este lunes, por caso, se conoció que el Sanatorio Concordia, en Entre Ríos, deja de prestar servicios, afectando a 15 mil beneficiarios que allí se atendían. Lo mismo ocurre en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires.

En Neuquén, los diputados peronistas Darío Martínez y Darío Peralta presentaron un proyecto para que el gobierno nacional garantice la continuidad y calidad de las prestaciones del Pami en Neuquén y denunciaron una deuda de $1.500 millones a las clínicas de esa provincia.