Miquelarena iniciará acciones legales por el audio en las redes

El Procurador afirmó que los audios difundidos en redes sociales no tienen relación con las causas de corrupción y dijo que quien efectuó esa declaración responderá ante la justicia.

El procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena, emitió un comunicado referido a un audio aparecido en las redes sociales en donde es nombrado por un abogado de la zona como contratante de una de las empresas de construcción cuya propiedad se atribuye a Diego Correa, extitular de la Unidad Gobernador.

“Se le atribuye a un sabio pensador haber dicho que cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor”, comienza el comunicado, añadiendo que “circuló por redes sociales un audio de toda falsedad, con una declaración malintencionada sobre hechos que ninguna relación registran con las causas de corrupción que investiga el Ministerio Público Fiscal”.

Miquelarena sostiene que “quien efectuó esa declaración falsa responderá judicialmente por sus actos. Actuaré sobre ello con firmeza, de acuerdo a la manda del artículo 68 de la Constitución del Chubut, dado que ha mediado un franco exceso en el ejercicio de la defensa”.

“Eventualmente, en la etapa procesal oportuna, si es el caso, se brindará toda la información pertinente. Por el momento, no efectuaré más declaraciones sobre este particular”, concluye.

Desde lo institucional, Miquelarena alienta “que nos sigamos ocupando de lo importante. No dejemos que nos muevan el foco hacia asuntos sin significancia, con títulos grandilocuentes y mentiras infames”.

ALARCON QUERELLADO

En el marco de estas causas de corrupción que estallaron el 7 de marzo e hicieron eclosión el 22 de mayo, los abogados Juan Martín Muñoz Rodríguez y Martín Iturburu Moneff se presentaron en representación de la Fiscalía de Estado como querellantes en la investigación por presunto fraude en perjuicio de la administración pública contra Oscar Rubén “Chito” Alarcón.

Muñoz Rodríguez explicó que se presentaban en representación de la Provincia en la investigación del hecho ocurrido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 28 de febrero de 2018. Es que Alarcón, siendo empleado municipal y encontrándose a su vez adscripto a la Legislatura provincial, fue designado por decreto provincial para desempeñar el cargo de director general de Protocolo y Ceremonial de la Provincia. Fue el 10 de diciembre de 2015. Querella y Fiscalía sostienen que Alarcón se enfrentaba a una presunta situación de incompatibilidad y omitió informarlo, dice el parte de prensa. Por esta causa percibió una doble percepción de haberes en perjuicio patrimonial, tanto de la Municipalidad de Trevelin como de la Provincia. Los hechos se calificaron como fraude en perjuicio de la administración pública agravado por tratarse de un empleado público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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