Múltiples conflictos sociales y laborales  

Caleta Olivia vivió este jueves una jornada signada por otra escalada de protestas sociales y laborales que involucró a casi medio millar de manifestantes por diferentes motivos.

Los primeros en irrumpir en la zona céntrica alrededor de las 09:00 y apostarse frente al edificio central del municipio, fueron trabajadores desocupados de la UOCRA que por tres días consecutivos vienen reclamando por la paralización de varias obras públicas y la activación de otras que ya están licitadas y adjudicadas.

Media hora más tarde se concentraron en la plazoleta del Gorosito militantes del movimiento social Barrios de Pie que, con sus pecheras celeste, banderas y pancartas, marcharon hacia las oficinas locales de Ministerio de Desarrollo Social.

Allí solicitaron que a la brevedad se haga presente en esta ciudad el nuevo titular de esa cartera, Jorge Ferreyra, ya que no reciben la asistencia necesaria de alimentos destinados a comedores y merenderos comunitarios que tienen a su cargo

Alrededor de las 10:00, la misma plazoleta fue ocupada por numerosos militantes del Polo Obrero identificados con pecheras blancas, quienes marcharon hacia las oficinas de la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

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Lo hicieron en consonancia con la multitudinaria protesta que realizaba ese mismo movimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar, entre otras cosas, por el incremento del monto que se asigna por el programa Potenciar Trabajo.

Luego, antes de las 11:00 llegaron hasta la plazoleta ubicada frente a la playa de tanques petroleros de Termap, donde realizaron una olla popular.

En ese sitio ya estaban ubicados operarios y operarias de la Fundación Santa Cruz Sustentable, quienes se ocuparon de cortar la ruta y frenaron el paso de decenas de camiones.

Este grupo viene reclamando desde hace varios meses ingresar a la planta de agentes provinciales dado que sus ingresos mensuales son exiguos.

El piquete duró algo más de una hora y se levantó cuando una comisión policial les advirtió que existía una orden judicial para proceder a despejarla con el uso de la fuerza pública.

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