Murió el genocida Reynaldo Bignone, último presidente de facto en el país

El expresidente de facto Reynaldo Bignone cumplía arresto domiciliario en un edificio de Buenos Aires por diez causas en las que fue condenado por crímenes de lesa humanidad. El martes fue internado de urgencia y finalmente falleció ayer.

El genocida Reynaldo Bignone, último presidente de la dictadura, falleció ayer a los 90 años en el Hospital Militar, donde había sido internado el martes, mientras cumplía prisión perpetua por algunas de las diez causas en las que fue condenado por crímenes de lesa humanidad.

Bignone fue el último jefe de Estado de la dictadura militar que usurpó el poder entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, cuando le entregó el mando al presidente Raúl Alfonsín, vencedor de las elecciones de ese año.

Ocho días después de la muerte del también genocida Luciano Benjamín Menéndez, Bignone murió cuando cumplía arresto domiciliario en un edificio de Luis María Campos y Dorrego, en el barrio porteño de Palermo, desde donde el martes fue trasladado de urgencia al Hospital Militar.

Hace un año, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín le había impuesto la pena de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad de los que fueron víctimas soldados que cumplían el servicio militar obligatorio en el Colegio Militar de la Nación entre 1976 y 1977, en un juicio en el que también fueron condenados otros seis represores.

Con esa última sentencia, había sumado tres condenas a perpetua y otras siete de al menos 15 años de prisión.

Bignone también fue condenado a prisión perpetua en 2011, en la causa Campo de Mayo III, y en 2013, en un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas que dieron a luz en maternidades clandestinas.

Además, en otros juicios, fue hallado culpable de crímenes del terrorismo de Estado cometidos en diversos centros clandestinos de Campo de Mayo y en el Hospital Posadas, en el Gran Buenos Aires, y se acreditó su responsabilidad en la apropiación de hijos de desaparecidos y en el Plan Cóndor que coordinó la represión ilegal de las dictaduras sudamericanas.

Como jefe de la Zona 4 área 480 de la represión, con jurisdicción en Campo de Mayo, tuvo a su cargo centros clandestinos de detención y exterminio como El Campito, La Casita, el hospital castrense y la Cárcel Militar, todos en la mayor guarnición militar del país.

Es que se debe recordar que Campo de Mayo fue, junto a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el norte porteño, y La Perla, en Córdoba, uno de los tres mayores campos de concentración y exterminio de la última dictadura.

OCHO AÑOS DE CARCEL

Nacido en 1928 en el partido bonaerense de Morón, en 1944 Bignone ingresó al Colegio Militar de la Nación, establecimiento que tuvo a su cargo en 1975 como director y, durante la dictadura, primero como subjefe y luego como jefe del Comando de Institutos Militares.

Desde octubre de 1980, fue comandante de Institutos Militares, cargo que ocupó hasta pasar a retiro en diciembre de 1981, meses antes de ocupar el sillón presidencial en lugar de Leopoldo Fortunato Galtieri, después de la derrota en la guerra de Malvinas, en 1982.

Antes de abandonar el Poder Ejecutivo, Bignone sancionó la ley 22.924, llamada “Ley de autoamnistía”, que otorgaba impunidad a todos los miembros de las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982.

Y posteriormente fue excluido en el juicio histórico que condenó a las juntas militares en 1985, junto con Augusto Hughes y Rubén Franco, los tres integrantes de la última junta dictatorial.

Sin embargo, tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, en 2003, por el Congreso, y de la nulidad de las mismas, resuelta en 2005 por la Corte Suprema de Justicia, los juzgados federales reabrieron las causas con denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

No obstante, Bignone recibió su primera condena recién en abril de 2010, como coautor penalmente responsable de 11 casos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad y tormentos.

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