La resolución 347 del Ministerio de Defensa, emitida el 15 de abril y cuyo contenido reservado trascendió en las últimas horas, establece las "reglas de empeñamiento" para las tropas desplegadas en la frontera norte en colaboración con Gendarmería. Uno de los puntos clave de estas reglas otorga a los militares la potestad de "proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal".

El ministro Petri defendió enérgicamente la medida a través de su cuenta de X, afirmando que "es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de que lado van a estar”. Asimismo, señaló que esta disposición se alinea con lo previsto en los códigos procesales provinciales y nacional, y cuestionó el "sesgo ideológico" que, a su juicio, había limitado la actuación de las fuerzas armadas en el pasado. Petri también comparó la medida con las prácticas de países limítrofes y el reciente anuncio de Estados Unidos en relación al control fronterizo.

La resolución ministerial busca restringir el uso de la fuerza por parte del personal militar a situaciones de defensa propia o de terceros ante agresiones inminentes que pongan en riesgo vidas o la integridad física. Sin embargo, prohíbe el uso de armas contra vehículos o personas sospechosas que huyan de controles, incluso ante sospechas fundadas de ilícitos.

La polémica medida, que busca fortalecer el control en la frontera norte en el marco del Operativo Roca, abre un debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y los límites de su actuación frente a la población civil en casos de flagrancia.