Nahuel: el juez les tomará declaración solo a una parte de los prefectos

Mañana comenzarán a declarar ante el juez federal Gustavo Villanueva los efectivos de Prefectura Naval que participaron del operativo en el que fue asesinado Rafael Nahuel, un joven mapuche que fue ultimado por la espalda en medio de un desalojo que ejecutó el Grupo Albatros en Villa Mascardi, vecina a Bariloche.

Una quincena de miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina comenzarán a declarar mañana en la causa que investiga el homicidio de Rafael Nahuel, quien fue asesinado de un balazo por la espalda durante el desalojo de la comunidad mapuche Winkul Mapu de Villa Mascardi, en noviembre pasado.

Se trata de los agentes que participaron del operativo de seguridad circundante a la comunidad desalojada a raíz de una orden judicial por la ocupación ilegal del predio en la villa vecina a la ciudad de Bariloche, en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

La lista excluye a los ocho agentes que según pericias efectuadas en el Centro Atómico Bariloche (CAB) dispararon contra los mapuches en el incidente en el que murió Nahuel, cuyas indagatorias aún no han sido dispuestas por el juez federal Gustavo Villanueva, a cargo de las actuaciones.

Fuentes judiciales indicaron que desde mañana, en la sede del juzgado federal de Bariloche, se tomarán tres declaraciones por día, con lo que la ronda concluirá el martes de la semana próxima.

A las audiencias asistirán la fiscal federal Silvia Little, representantes de la querella, de los padres de la víctima, y los defensores de Fausto Jones Huala y Lautaro González, detenidos el 25 de noviembre de 2017, cuando trasladaban a Nahuel herido para que recibiera atención médica, y liberados luego.

Las pericias determinaron que Jones Huala y González también tenían restos de pólvora en sus manos.

Los indicentes en Villa Mascardi comenzaron el miércoles 22 de noviembre, cuando se cumplió la orden de Villanueva para que se desalojara a la comunidad mapuche instalada dos meses antes en Villa Mascardi, como reclamó una demanda judicial presentada por la Administración de Parques Nacionales por ocupación ilegal.

El operativo de desalojo involucró a unos 400 agentes de la Policía Federal, de la de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería Nacional y la Prefectura en un operativo en el que fueron detenidas nueve mujeres, mientras que los hombres escaparon.

Dos días después, el sábado, agentes del grupo Albatros que custodiaban el predio desalojado intentaron detener a mapuches que se acercaron al lugar y los atacaron con armas de fuego, según el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Tanto defensores de la comunidad mapuche como organismos de derechos humanos aseguran que no hubo un enfrentamiento sino disparos de armas de fuego por parte de los agentes del operativo de seguridad.

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