La jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, dictó nueve meses de prisión preventiva para Gustavo Páez, Sergio Castelucci Muñoz y Luis Messina, imputados en el marco de la denominada Causa Corredor Norte, que investiga una presunta organización dedicada al transporte y comercialización de cocaína en el sur del país.

En tanto, la cuarta imputada, Alegaris Román, de nacionalidad dominicana, recuperó la libertad este viernes, bajo estrictas condiciones y con la obligación de cumplir una serie de medidas mientras avanza la investigación.

Las prisiones preventivas de Páez, Castelucci Muñoz y Messina vencerán el 24 de junio de 2027, aunque podrán ser revisadas si alguna de las partes lo solicita.

Durante la audiencia de control realizada el viernes por la tarde, el Ministerio Público Fiscal presentó como hipótesis que los imputados integrarían una estructura dedicada al traslado terrestre de estupefacientes desde Mendoza hacia distintas localidades del sur del país, donde posteriormente serían comercializados.

La investigación se inició a partir de información recibida el viernes 18 de septiembre. Según la reconstrucción expuesta por la Fiscalía, entre ese día y el 19 habría arribado a Comodoro Rivadavia un cargamento de drogas que sería entregado por una persona inicialmente identificada únicamente a través de un número telefónico.

La sustancia habría sido recibida por Luis Messina, señalado como el único comodorense entre los investigados. El hombre trabaja para una contratista petrolera y registra condenas en dos causas anteriores. A partir de la intervención de teléfonos, tareas de vigilancia y seguimientos realizados por personal de la División Drogas Peligrosas, los investigadores avanzaron sobre sus movimientos y contactos.

Uno de los teléfonos bajo análisis habría sido utilizado por Sergio Castelucci Muñoz, quien, de acuerdo con la acusación, desde su llegada a la ciudad permaneció junto a Messina y su pareja, Román, en un domicilio particular.

VIAJES A CALETA OLIVIA

La Fiscalía también expuso un viaje realizado por tres de los investigados hacia Caleta Olivia. El desplazamiento fue constatado por personal policial de Santa Cruz durante un control documental realizado sobre un Honda Civic perteneciente a Messina.

La investigación incorporó nuevos elementos el 23 de septiembre, cuando efectivos detectaron una Chevrolet S10 con patente de Mendoza estacionada frente al domicilio que era vigilado. El vehículo estaba vinculado a Gustavo Páez, quien había arribado desde esa provincia.

Ese mismo día también llegó al lugar una Ford Ranger. A partir de entonces se registraron desplazamientos entre distintos domicilios de Comodoro Rivadavia y un nuevo viaje hacia Caleta Olivia. Los investigadores siguieron a los vehículos y observaron una serie de encuentros en la localidad santacruceña.

Según la reconstrucción presentada en la audiencia, la comitiva habría intercambiado señales de luces con un Volkswagen Vento y posteriormente se dirigió hacia un sector residencial. Cuando la Policía llegó al lugar para registrar los movimientos, encontró varios vehículos reunidos. De uno de ellos descendieron personas que mantuvieron contacto con Castelucci.

Luego del encuentro, los automóviles se dispersaron y las dos camionetas regresaron a Comodoro Rivadavia.

Para la Fiscalía, estos movimientos, junto con las comunicaciones telefónicas y la información obtenida mediante las tareas de campo, permitieron sostener provisoriamente la existencia de una estructura destinada al traslado y comercialización de drogas.

MÁS DE CINCO KILOS SECUESTRADOS

Los allanamientos realizados el jueves 24 de septiembre aportaron nuevos elementos a la investigación. En la Chevrolet S10 vinculada a Páez fueron encontrados dos paquetes con forma de ladrillo y un envoltorio de menor tamaño, ocultos dentro de la estructura del vehículo.

Para localizar la droga fue necesario utilizar una cámara especial que permitió detectar modificaciones en la compuerta de la caja. Según se informó, el plástico había sido removido y la chapa presentaba tornillos colocados para ocultar los envoltorios.

En otro procedimiento, realizado en la vivienda donde se alojaban Páez y Castelucci, los investigadores encontraron en el techo un bolso que contenía cuatro paquetes rectangulares.

En los distintos allanamientos también fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa. En el domicilio vinculado a Messina y Román se incautaron dispositivos telefónicos y documentación.

En total, los procedimientos permitieron secuestrar más de cinco kilos de cocaína, según lo informado durante la audiencia.

La Fiscalía encuadró provisoriamente los hechos como comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas.

Además de resolver la situación procesal de los cuatro imputados, la jueza Eva Parcio autorizó la apertura y extracción de información de los teléfonos secuestrados.

La medida permitirá acceder a llamadas, mensajes de texto, audios, videos, contactos, aplicaciones, fotografías y demás contenidos que puedan estar relacionados con la venta o intermediación de estupefacientes.

La Fiscalía, sin embargo, sólo podrá utilizar la información generada entre el 1 de agosto y el 24 de septiembre, fecha en la que se realizaron los allanamientos.

La magistrada también autorizó el levantamiento del secreto bancario respecto de las cuentas de Páez y Román. La medida apunta a reconstruir movimientos en entidades financieras y billeteras virtuales, con el objetivo de determinar posibles roles dentro de la estructura investigada y establecer si existen otros integrantes o eslabones superiores en la presunta cadena de tráfico.

En relación con Román, la jueza consideró que existen elementos que la vincularían con los hechos investigados, pero entendió que correspondía mantenerla en libertad bajo estrictas condiciones.

La mujer deberá presentarse cada 15 días ante la Justicia y mantener actualizados su domicilio, teléfono y correo electrónico, además de informar cualquier modificación.

También tiene prohibido salir de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly sin autorización judicial, entorpecer la investigación o mantener contacto con personas vinculadas con la causa. La restricción alcanza incluso a su pareja, aunque permanezca en libertad.

Asimismo, no podrá relacionarse con vendedores, consumidores o proveedores de estupefacientes, poseer drogas o armas ni cometer nuevos delitos. La resolución establece que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría derivar en su detención.

Fuente y foto: Jornada