Un decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1° de septiembre habilita una excepción específica para permitir la venta de una parcela ubicada dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes a una empresa controlada por capitales extranjeros.

Los terrenos se encuentran en una zona de relevancia ambiental, paisajística y turística por su cercanía con el glaciar Perito Moreno, uno de los principales atractivos naturales de la Patagonia.

La medida del mandatario choca de frente con disposiciones provinciales, con la misma Constitución Nacional e incluso normativas internacionales. Es que habilita un negocio millonario entre privados por tierras que se podrían vender sin necesidad de un decreto: la venta no está prohibida, lo que hace el decreto de Vidal es autorizar la construcción de 24 mansiones y eso es, precisamente, lo que hace atractivo el negocio, ya que aumenta considerablemente el valor del predio al permitir la instalación de un complejo turístico en un sitio donde está vedado realizar cualquier tipo de construcción. La Península de Magallanes está protegida por ley desde la década del ‘70.

Además, según denunciaron grupos ambientales, la Secretaría de Estado de Ambiente no presentó el informe de evaluación de impacto ambiental y funcionarios del Consejo Agrario Provincial “mantuvieron reuniones a puertas cerradas con la Cámara de Comercio y el sector turístico local para explicar el proyecto, excluyendo a los vecinos autoconvocados” que sostienen que el grupo empresario comprador de las tierras proyecta realizar una “pequeña represa para extraer agua de un arroyo”. A esto se suma el riesgo de incendios porque la calefacción proyectada es a gas en un entorno sumamente frágil.

90 MILLONES DE DOLARES

La operación, que rondaría los 90 millones de dólares, involucra a Lacustre del Sud SA, actual propietaria del inmueble, y a ASB Hospitality Calafate SAU, la sociedad que aparece como compradora, propiedad del magnate Ali Saeed Juma Albwardy, de Emiratos Arabes Unidos.

El decreto vincula expresamente la transferencia con la implementación del proyecto turístico denominado “Master Plan Ecocentro”, previsto para la Fracción G, Matrícula 186, del departamento Lago Argentino.

La decisión oficial está formalizada en el Decreto 915/26, que establece que la excepción se concede “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” y que no podrá utilizarse como antecedente para futuras solicitudes similares.

Es que un Decreto Provincial 2017 (994/17) establece restricciones para la adquisición por extranjeros de predios ubicados total o parcialmente dentro de áreas protegidas provinciales. En este caso, al tratarse de tierras dentro de Península de Magallanes y de una compradora controlada desde el exterior, la operación requería una excepción expresa del Poder Ejecutivo.

EL MAGNATE ARABE

La sociedad compradora, ASB Hospitality Calafate SAU, fue constituida el 27 de julio de 2026, dos meses antes de la firma del decreto. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una empresa registrada en Dubái, Emiratos Arabes Unidos. Su objeto social incluye actividades de hotelería, turismo, gastronomía, servicios e inversiones inmobiliarias. ASB Hospitality forma parte de Albwardy Investment, grupo con sede en Dubái y actividad en distintos sectores económicos.

La compañía que pretende quedarse con ese territorio pertenece al magnate Ali Saeed Juma Albwardy, quien fundó la empresa en la década del 70 en Dubái. Su entramado económico se extiende en sectores de logística, industria alimenticia y una cadena global de hoteles de alto perfil. Su desembarco en Argentina incluyó la compra del hotel Four Seasons, en la Ciudad de Buenos Aires. Tiempo después adquirió el antiguo Sheraton Iguazú por 55 millones de dólares para transformarlo en un alojamiento de máximo lujo dentro del Parque Nacional, en Misiones.

Según trascendió en las últimas horas, la iniciativa presentada por la compañía contempla más de 24 “unidades de alojamiento turístico” dentro de Península de Magallanes, con tarifas que podrían alcanzar los US$2.000 por noche.

El posible desarrollo de un complejo de estas características también abrió interrogantes sobre sus efectos en la actividad turística y económica de la región, especialmente en localidades como El Calafate.

Esa operación, establecida por el decreto firmado por el gobernador Vidal, también generó cuestionamientos de sectores políticos y ambientalistas por la ubicación de las parcelas en la Península de Magallanes y por las implicancias de la transferencia sobre el régimen de tierras rurales y la protección de áreas consideradas estratégicas por su valor natural y turístico.

LA JUSTICIA FRENO LA OPERACION

Pero los deseos de Vidal chocaron con una decisión judicial. La Justicia Federal ordenó frenar provisoriamente la transferencia de las tierras ubicadas frente al glaciar Perito Moreno. La decisión afecta a dos parcelas de la Península de Magallanes y busca evitar modificaciones registrales mientras se determina qué tribunal debe resolver la controversia.

La medida fue dictada por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, quien ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble abstenerse de realizar transferencias de dominio sobre las parcelas identificadas como G2 y G3.

La resolución establece una restricción provisoria para preservar la situación actual hasta que se defina la competencia judicial. Según se informó, la medida judicial surgió a partir de un amparo presentado por un grupo de diputados provinciales y el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS), además de otras organizaciones ambientalistas.

La demanda cuestiona el decreto provincial que autorizó la venta y plantea objeciones relacionadas con la derogación de la Ley Nacional de Tierras mediante el artículo 154 del DNU 70/2023.

Los demandantes sostienen que la operación requiere una revisión judicial por sus posibles implicancias territoriales, ambientales y normativas.

Al analizar el expediente, el juez Vázquez consideró necesario evitar modificaciones sobre los inmuebles hasta que se resuelva qué tribunal debe intervenir. Por ese motivo, ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble no avanzar con cambios de titularidad de las parcelas involucradas.

Otro de los puntos centrales de la resolución es la participación de las partes involucradas en el conflicto. El juez consideró que la controversia no podía resolverse únicamente entre los demandantes y el Estado nacional, debido a que también están directamente involucrados el Gobierno de Santa Cruz y las empresas que participan de la operación.

En consecuencia, señaló que deben intervenir la Provincia de Santa Cruz, Lacustre del Sud SA y ASB Hospitality Calafate SAU.

Ante la presencia de intereses del Estado nacional y de una provincia, el magistrado entendió que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La definición sobre qué tribunal debe intervenir será determinante para establecer cómo continúa el expediente y quién deberá analizar los cuestionamientos sobre la operación inmobiliaria.

Desde los sectores que promovieron el amparo destacaron la resolución como una medida que impide avanzar con la transferencia de los terrenos mientras continúa el proceso judicial. Por ahora, la transferencia de las parcelas G2 y G3 permanece frenada.