Nueva ley de Discapacidad: el Senado la aprobó por unanimidad y habrá cambios

Con 71 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso sancionó un nuevo marco legal para el sistema de discapacidad. La norma permitirá compatibilizar pensiones con trabajo registrado, contempla la recuperación de beneficios suspendidos y establece medidas para sostener las prestaciones de salud.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 19 de noviembre el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa obtuvo el respaldo de los 71 legisladores presentes, después de meses de discusiones sobre el financiamiento de las prestaciones, las pensiones no contributivas y las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias.

La nueva legislación reemplazará el esquema de emergencia vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 por un régimen de carácter permanente. El objetivo declarado es establecer reglas estables para el funcionamiento del sistema, aunque su aplicación efectiva dependerá de la implementación de las medidas y de los recursos destinados a financiarlas.

La sanción se produjo después de un prolongado conflicto entre el Gobierno nacional, sectores de la oposición y organizaciones vinculadas con la discapacidad, que durante el último año reclamaron soluciones frente a las demoras en los pagos, las dificultades de acceso a prestaciones y la situación de numerosas pensiones.

Qué cambia con las pensiones por discapacidad

Uno de los aspectos centrales de la nueva ley es la posibilidad de cobrar una pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo registrado sin perder automáticamente el beneficio.

La compatibilidad alcanzará tanto a trabajadores en relación de dependencia como a personas inscriptas en el monotributo, siempre que sus ingresos laborales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La legislación mantiene como referencia para la pensión no contributiva por discapacidad el 70% del haber mínimo jubilatorio.

También contempla mecanismos para revisar y rehabilitar beneficios que hayan sido suspendidos, una cuestión especialmente sensible para las personas que durante los últimos meses enfrentaron interrupciones en sus ingresos.

Cobertura de salud y deudas con prestadores

La nueva norma también incorpora disposiciones destinadas a garantizar la continuidad de la atención médica y las prestaciones básicas para personas con discapacidad.

En particular, establece la cobertura de las prestaciones contempladas en la Ley 24.901 para titulares de pensiones por discapacidad y por invalidez laboral, mediante el programa federal Incluir Salud.

Otro punto relevante es la situación de los prestadores, que vienen reclamando respuestas frente a las deudas acumuladas y las dificultades económicas para sostener servicios de rehabilitación, tratamientos y acompañamiento.

La legislación establece un plazo de 90 días para regularizar las deudas pendientes con los prestadores y contempla mecanismos de actualización de aranceles.

Sin embargo, uno de los principales interrogantes será cómo se traducirán estas disposiciones en pagos efectivos y en la continuidad de los servicios que necesitan las personas con discapacidad.

Auditorías y controles sobre los beneficios

El nuevo marco normativo también establece auditorías periódicas sobre las pensiones, bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.

La iniciativa busca ordenar los procedimientos de evaluación y establecer criterios de control, aunque su implementación deberá garantizar que las revisiones no se conviertan en nuevos obstáculos para quienes cumplen los requisitos de acceso.

El funcionamiento de estos mecanismos será especialmente importante para las personas que tuvieron sus pensiones suspendidas o que todavía esperan una resolución administrativa.

Durante el debate, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que la sanción representaba un acuerdo político y social para establecer un régimen permanente de discapacidad.

Desde la oposición también acompañaron la iniciativa, aunque algunos legisladores remarcaron que la aprobación de una nueva ley no elimina las consecuencias de las vulneraciones de derechos registradas durante los últimos años.

La senadora Alicia Kirchner sostuvo que la legislación debe entenderse como un punto de partida y no como una solución definitiva a los problemas del sector.

El respaldo unánime permitió cerrar una etapa de negociaciones legislativas, pero no implica que las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad hayan quedado resueltas.

La aprobación de la ley abre una nueva etapa para el sistema nacional de discapacidad, especialmente para quienes dependen de una pensión, necesitan tratamientos permanentes o enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral.

La posibilidad de trabajar sin perder automáticamente la pensión representa uno de los cambios de mayor impacto, mientras que la continuidad de las prestaciones médicas y la regularización de las deudas con los prestadores serán aspectos fundamentales de su implementación.