El juez Sergio Piñeda revocó ayer las medidas preventivas que pesaban sobre los exministros Coordinador de Gabinete y de Economía, Víctor Cisterna y Pablo Oca, respectivamente, junto con las del extitular de Infraestructura, Alejandro Pagani; quien fuera secretario privado de Mario Das Neves, Gonzalo Carpintero, y el periodista Andrés Ninín, a quienes les otorgó la libertad a la espera del juicio.

Solo Diego Correa y Diego Lüthers seguirán detenidos, como mínimo, hasta el 7 de marzo.

El magistrado adoptó esta determinación al entender que, a esta altura de la investigación, ya no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento por parte de los imputados en la causa por la que se investiga la red de corrupción que se había montado para defraudar al Estado y hacerse de dineros malhabidos.

PLAZOS EXCEDIDOS

Los fiscales aceptaron la determinación del juez porque entendieron que los plazos para sostener las prisiones domiciliarias ya estaban excedidos y también avalaron que Piñeda resolviera retirarle las tobilleras electrónicas a los imputados, quienes entregaron sus pasaportes al magistrado para garantizar que no saldrán del país, algo que tienen totalmente vedado.

El juez puso, no obstante, algunas restricciones, entre ellas la obligación que tendrán los imputados de concurrir semanalmente a las comisarías más cercanas a su domicilio y la prohibición de tener contacto –por ningún medio y circunstancia- entre ellos.

Diego Correa, a quien los fiscales definieron como el jefe de la asociación ilícita, y quien fuera su secretario, Diego Lüthers, seguirán detenidos como mínimo hasta el 7 de marzo.

trece EMPRESARIOS

A PROBATION

En otra audiencia, 13 empresarios que están también imputados en la causa, acusados de pagar sobornos para acceder a obras públicas o bien cobrar parte de lo que el Estado les adeudaba, solicitaron ayer acceder a la probation.

El mecanismo o estatuto peticionado ayer ya fue otorgado a otros cuatro empresarios y permite la suspensión del juicio, a cambio de declararse culpables y comprometerse a pagar el daño con la realización de obras públicas en beneficio de la comunidad, tal como ya hicieron el extitular de Vialidad, Patricio Musante, y el comodorense Esteban Torraca, entre otros. Este tendía que remodelar y ampliar la comisaría de Mosconi.

Las obras propuestas totalizan un monto superior a los 30 millones de pesos y el listado de los trabajos que realizarán los empresarios será, a pedido de la Fiscalía y el juez, analizado por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, que determinará y certificará la validez y necesidad de los mismos.

El fiscal Héctor Iturrioz ayer ratificó que “la fiscalía no se opone a esta medida, todo lo contrario. El estatuto ya fue avalado. Hay jurisprudencia y nos parece un buen mecanismo para que el dinero vuelva en obras, que son necesarias para ONG, o también para propios estamentos que hoy el Estado no atiende como corresponde”, explicó.

El informe solicitado a Infraestructura deberá estar contestado en un plazo que no debería exceder los 15 días. De acuerdo a lo que se diga desde el ministerio, se aceptará o no el pedido de suspensión de prueba.

Los otros 10 empresarios que están imputados en la causa ya adelantaron, en la mayoría de los casos, que no buscarán acceder a la probation porque se consideran inocentes. “Va a ser muy importante escucharlos en juicio. Seguramente ahí dirán más de lo que declararon hasta el momento”, señaló Iturrioz.