El relevamiento procesal tiene un plazo de ejecución perentorio de 15 días y se basa en el pedido de los familiares de dos vecinos que fueron víctimas de homicidios: Mario “Pato” García y Alejandro Palemarchuk, casos que conmocionaron a la comunidad.

Los familiares decidieron acudir al TSJ luego de no tener respuestas a sus insistentes reclamos, dilatándose el esclarecimiento de las causas que están a cargo del dr. Marcos Pérez Soruco, titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 y subrogante del Nº 2.

Vale recordar que Mario “Pato” García era un vecino de 50 años que residía en el barrio 2 de Abril y despareció en el mes de diciembre de 2025.

Parte de sus extremidades fueron halladas el 21 de enero de 2026 en un descampado que va desde el barrio 13 de Diciembre hasta tal barrio Bicentenario y los análisis de ADN (que también se demoraron) confirmaron su identidad.

Antes de desparecer, había denunciado a través de un reportaje televisivo a un alto oficial de la policía, aunque en ese momento se abstuvo de revelar su nombre, en tanto que su hermana, Gisella afirmó que fue evidente que “habló de más y alguien se molestó”.

Respecto a Alejandro Palemarchuk, se trataba de un estibador de 34 años fue brutalmente atacado a piedrazos por una patota de más de diez personas frente a su vivienda en el barrio Vista Hermosa. Estuvo internado, recibió el alta, pero sufrió una descompensación y falleció el 6 de julio de 2026. Su madre, Patricia Palemarchuk, denunció públicamente ante medios periodísticos que hay fiscales y abogados vinculados a los agresores y que "están tapando todo". Precisó que varios de los homicidas residen en los barrios Koltum y Rotary 23 y sus movimientos fueron registrados por una cámara de vigilancia de un vecino.

CONSIDERACIONES

La resolución del presidente del TSJ (foto), implica un relevamiento procesal exhaustivo, ordenando al Juez de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial, Carlos Augusto Borges, a realizar una auditoría del estado de ambos expedientes, para luego elevar un informe detallado del sobre el estado de trámite de las causas .

Se deja constancia que el objetivo es detectar demoras injustificadas, verificar las pruebas pendientes de producción y corregir falencias en la etapa de instrucción penal, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva .

Asimismo establece que la medida es puramente de superintendencia y control administrativo y que el juez auditor tiene expresamente prohibido emitir opiniones, valoraciones o juicios de valor sobre los hechos, las imputaciones o la responsabilidad penal, para preservar su imparcialidad ante eventuales apelaciones futuras Complementariamente se indica que el fundamento legal de la auditoria se basa en el Artìculo 34 de la Ley Orgánica de la Justicia (Ley N° 1600) , señalando el deber ineludible del Estado de ofrecer un servicio de justicia rápido y transparente frente a casos de alta conmoción pública