Oyarbide asegura que “los Schoklender manejaban más de mil millones de pesos”

El juez federal Norberto Oyarbide precisó que dictó la prisión preventiva para los hermanos porque encontró “muchas irregularidades” en la administración de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Para obtener más datos, citó a declaración indagatoria a la ex ministro de Economía Felisa Miceli y a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, entre otros testigos.

Durante una conferencia improvisada en la puerta de su casa, Norberto Oyarbide precisó que los hermanos Schoklender manejaban fondos por 1.126 millones de pesos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que se detectaron “muchas irregularidades” en la administración de ese dinero.
El magistrado también citó para el 26 de febrero a Hebe de Bonafini como testigo en la causa que investiga el desvío del programa “Sueños Compartidos”. Oyarbide hizo lugar al pedido del fiscal Jorge Di Lello y de otras partes para que cite a Bonafini y a otras integrantes de la fundación para que presten declaración testimonial por primera vez desde que se abrió la causa, hace dos años.
Además de los hermanos, Oyarbide procesó con prisión preventiva al contador Alejandro Gotkin, en tanto que Alejandra Bonafini fue beneficiada con una falta de mérito. El magistrado informó, además, que también dispuso la convocatoria de Miceli y de “varios testigos que solicitó Pablo Schoklender”.
El juez destacó la “colaboración extraordinaria” del Banco Central, la Auditoría General de la Nación y la Policía Federal, que en sus peritajes detectaron “muchas irregularidades” en el manejo de fondos. “Entre 2009 y 2011 el BCRA estipula con toda claridad, y sin estar actualizado, que los Schoklender manejaban en sus manos 1.126 millones de pesos”, indicó el juez y agregó que se advirtió también “una evasión impositiva que se elevaría en 146 millones de pesos”.
Precisó también que la Policía Federal “advirtió para mayo de 2012 un déficit en la Fundación de 183 millones de pesos”, y el Banco Central “encontró en los balances de los estudios contables irregularidades que superan los 25 millones de pesos”. Informó asimismo que la Auditoria General “hace hincapié sobre la responsabilidad de determinados funcionarios públicos” y que se hicieron en la fundación “contrataciones en forma directa cuando esto está en oposición rigurosa a la ley de licitaciones públicas”.

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