Tras 14 horas de discusión, la Cámara baja aprobó ayer en horas de la madrugada el proyecto que avala el memorándum que se firmó el pasado 27 de enero último entre Argentina e Irán para crear una Comisión de la Verdad, integrada por cinco miembros, ninguno de ellos iraní o argentino.
El pacto bilateral establece posible que los cinco juristas y el magistrado argentino por el atentado en la AMIA, puedan tomar declaración en Teherán a 8 imputados, entre ellos el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi y el expresidente Alí Rafsanjani (1989-1997).
Mario País explicó que la aprobación de este tratado “es una oportunidad para seguir avanzando”, y a continuación, explicó que este memorándum surgió porque “las entidades judías, la propia oposición y el oficialismo reconocían que la causa estaba virtualmente paralizada”. A lo que agregó que “esa parálisis estaba dada porque si bien el juez ha imputado a ciudadanos iraníes, que tienen incluso altas responsabilidades políticas en el estado de Irán, no puede indagarlos y por lo tanto, no puede proseguir la sustanciación de la causa, y eventualmente la elevación de la causa a juicio”.
En este marco, comentó a Radio Del Mar que la única alternativa para indagarlos, estando ellos en Irán, era que a través de las alertas rojas de la INTERPOL (Organización Policial Internacional), era que “si estos funcionarios en cualquier lugar del mundo son encontrados fuera de Irán, los podrán detener y poner a disposición de un juez argentino. Mientras esto no se dé, la situación es de virtual parálisis del expediente”, explicó.
Es que ante esta situación que “el Gobierno se hace cargo de esta situación, negocia con Irán una forma de poder facilitarle al poder judicial que el juez natural siga interviniendo y pueda interrogar a estos ciudadanos iraníes, recibir nuevas pruebas y continuar con la sustanciación de la causa”, detalló el diputado nacional.
Finalmente, País indicó que a partir de la aprobación de este memorándum el juez de la causa “va a poder indagar, viajando autorizado por la Corte o por teleconferencia, a los ciudadanos iraníes. Los cuales van a tener que prestar indagatoria de acuerdo a la legislación argentina”.