La titular del bloque de diputados provinciales del Frente de Agrupaciones, pretende que el ISSyS, al igual que el Banco Chubut, queden exceptuados de las disposiciones planteadas en la ley de emergencia económica de la provincia.

Papiani considera en su iniciativa que, así como sucedió con el Banco Chubut, por “el peligro colectivo creado por las graves circunstancias de las finanzas que padece el Estado”, el Instituto de Seguridad también debe ser exceptuado de algunos alcances de la normativa general.

“Se aprecia que se ha omitido tener en cuenta al momento de las excepciones subjetivas al Instituto de Seguridad Social y Seguros que, por su naturaleza jurídica y sus objetos sociales debe ser contemplada al igual que el Banco del Chubut S.A.”, sostiene la diputada.

En concreto, Papaiani cree que “uno de los principales problemas que se avizora, de aplicarse la Ley de Emergencia al Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut es justamente la suspensión de ejecuciones de sentencias, acuerdos y laudos, ya que la materia propia del Instituto es seguridad social y salud. Si el Instituto suspendiera la aplicación de las sentencias, acuerdos y laudos en curso a la fecha, se podría dejar a ciudadanos chubutenses en riesgo de vida”, explicó.

La diputada recordó: “los amparos, y sus sentencias, versan muchas veces sobre la provisión de determinados medicamentos necesarios para la vida de pacientes que no pueden esperar los plazos previstos en la Ley. Los acuerdos celebrados entre el Instituto y sus afiliados hacen a la sustentabilidad del sistema solidario de salud y la cobertura de ciertas patologías, lo cual también es inviable suspender”.

La legisladora, además, explicó que el Instituto debe continuar con su régimen de contrataciones ya que realiza los mismos “para atender ciertas patologías o contingencias inesperadas, que tampoco pueden esperar los plazos de la Ley de Emergencia sin poner en riesgo la vida o calidad de la misma de los Empleados Públicos, Jubilados y Pensionados del Sistema”

“Por si esto fuera poco, dado que con la norma se puede poner en juego la salud, la vida de los afiliados al Instituto, es de esperar que los afectados demanden la inconstitucionalidad de la norma, que aflora diáfana en materia de seguridad social y salud por lo que pondría en serio riesgo la continuidad de la norma y alcanzar los objetivos que se fijaron al sancionarla en las reparticiones del Estado que, por sus características, pueden soportar la misma”, concluyó Papaiani.