Cientos de contribuyentes del impuesto a las ganancias empezaron a recibir notificaciones del organismo de control y recaudación impositiva, ARCA, intimándolos al pago de diferencias en la determinación del impuesto por deducciones de gastos por montos excesivos. La intimación se produce al mismo tiempo de una extendida condena pública sobre la actitud del jefe de gabinete, Manuel Adorni, con las maniobras de ocultamiento de su enriquecimiento patrimonial, y el encubrimiento o defensa que desarrollan las autoridades nacionales, empezando por el presidente Javier Milei, para protegerlo.

Luego de varias semanas en tapas de diarios y pantallas de televisión por las escandalosas manifestaciones de riqueza no justificadas, Adorni adhirió al régimen de declaración simplificada al amparo de la ley de inocencia fiscal, reconociendo una fortuna no declarada anteriormente (evasión simple) pero accionando con ello una suerte de “tapón fiscal” o presunción de inocencia para no seguir siendo investigado sobre el origen de los fondos.

Presunción que, en cambio, ARCA no aplicó sobre una lista de más de 20.000 contribuyentes --de acuerdo a trascendidos periodísticos-- que presentaron su declaración jurada pero con deducción de gastos aparentemente “improcedentes”, por los que ahora se les reclama el pago del impuesto.

Las demandas recibidas en las últimas semanas por miles de empleados desataron una ola de consultas a especialistas y asesores tributarios, según menciona el matutino Clarín en nota publicada en las últimas horas. Entre los montos “muy elevados de gastos”, sobre los cuales ARCA reclamaría el ajuste del impuesto determinado, se han señalado deducciones personales por hijos, ropa y elementos de trabajo, gastos de formación y educación, créditos o movilidad correspondientes a los últimos dos años fiscales (2024 y 2025).

También se ha hecho referencia a aportes a sociedades de garantía recíproca o aportes a cajas jubilatorias provinciales “con descuentos improcedentes” en las declaraciones juradas del tributo.

Según citó el mencionado matutino, Humberto Bertazza, ex titular del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, señaló que “el fisco envió muchísimas comunicaciones por una suerte de abuso en el cómputo de la deducción, hay tanto jerárquicos con grandes remuneraciones como empleados con sueldos bajos, el problema es que están estimando la alícuota del 35%, cuando hay contribuyentes que no estaban en esa escala”.

“Adorni presentó su declaración jurada en la noche del 10 de junio. Se defendió con argumentos auto incriminatorios que lo prueban como un evasor contumaz de impuestos en la pantalla de La Nacion +”, recordó el periodista Marcelo Falak, este fin de semana en el portal Letra P.

“Con el dibujo consumado, necesitó de una ayuda extra, su adhesión al régimen simplificado de declaración del impuesto a las ganancias, contenido en la Ley de Inocencia Fiscal. Dicha norma no es formalmente un blanqueo de capitales, pero lo es en concreto. Al permitir que adhieran a sus beneficios tanto funcionarios públicos como sus familiares directos, la convierte en un vehículo ideal para la legalización de la corrupción de ayer, de hoy y de mañana”, agrega su artículo.

La última manifestación pública de Adorni, que contradice todas las anteriores, incorpora como antecedente de su fortuna la inversión en criptomonedas de hace más de una década, que le habría reportado ganancias extraordinarias por varios cientos de miles de dólares.

Adorni admite haber sido un evasor, lo cual es inevitable para adherir al régimen simplificado, que entre otros beneficios le otorga el de actuar como “tapón fiscal”, al evitar la revisión de ARCA sobre lo declarado y otorgarle la presunción de inocencia. Aunque la propia ley señala una excepción: si detecta “discrepancias significativas” entre lo declarado y lo que considere manifestaciones reales de tenencia patrimonial, podría rechazar esa adhesión. ¿Y cómo podría detectarlo si el declarante está cubierto por el tapón fiscal?

Este es uno de los vacíos o lagunas legales que Luis Caputo, ministro de Economía, quería tapar con una nueva modificación a la Ley de Inocencia Fiscal, advertido del mamarracho por organizaciones de especialistas. Pero el escándalo Adorni hacía inconveniente volver al Congreso sobre el tema.

Ahora, ARCA vuelve a destapar la olla al acusar a miles de contribuyentes de evasión por falsedades en sus declaraciones, mientras en el caso Adorni sigue mirando hacia otro lado.