Patagonia Argentina pasa hoy por audiencia pública
Los servicios de las dos empresas concesionarias del transporte público de pasajeros de Comodoro Rivadavia, Patagonia Argentina y Transportes Diadema, pasarán hoy por audiencia pública temática, en función de los convenios marco que deben rubricarse para la implementación en esta ciudad del Sistema Unico de Boleto Electrónico. Además, el Poder Ejecutivo busca prorrogar por cinco años adicionales el contrato con la principal prestataria, que originalmente caduca en 2017.
A diferencia de otras audiencias, convocadas por el Concejo Deliberante, esta vez la compulsa depende del Ejecutivo municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, que canalizó tanto las inscripciones como la difusión previa de la convocatoria y el tema a tratar. La audiencia, con 16 inscriptos para hacer uso de la palabra, se desarrollará hoy desde las 8:30 en la sede legislativa.
Claudio Jurdana, secretario de Gobierno, es quien presidirá la misma. También estarán presentes los representantes de las dos empresas concesionarias y los proveedores homologados vinculados a Nación Servicios SA (a cargo del equipamiento vinculado al sistema SUBE), además del responsable de la Dirección General de Transporte, autoridad de aplicación de los contratos.
El objeto de la convocatoria a la opinión pública se basa en la autorización que el Concejo debe dar para que se suscriban los convenios marco para la implementación del mecanismo electrónico de control propio del Estado municipal conocido como el Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE, de vigencia nacional) y además en función de las modificaciones que se producen sobre los contratos de concesión con las dos empresas.
De hecho, si bien la readecuación en el caso de Patagonia Argentina abarca la incorporación de nuevos recorridos no previstos en el contrato de 2007. Hay que recordar que mientras ese convenio vence en abril de 2017, en cuanto el municipio comenzó a avanzar con el sistema SUBE, desde esa empresa se anticipó que pedirían la prórroga de la concesión, considerándose damnificados al tener que prescindir de la tecnología instalada hace siete años para el cobro electrónico.
Como contrapartida, mientras la instalación de los monederos en cuestión fue un requisito contractual basado en la Ley Nacional de Tránsito -cuyos plazos fueron largamente cumplidos fuera de tiempo por la prestadora- en esta oportunidad se extiende por cinco años un contrato basado en un esquema de costos presentado por la misma empresa y no con los datos públicos que brindaría el SUBE, como sería de renegociarse en el plazo legal original.