“No se trata de una necesidad caprichosa. Las grandes distancias existentes en Patagonia y el uso del automóvil como una herramienta de trabajo y no como bien suntuario, sumados al mayor costo de vida, a la condición de provincias productoras de hidrocarburos y la necesidad de promocionar y tornar competitivas actividades como el turismo, la pesca, la industria y el transporte, entre otros, hace imperioso contar con este diferencial”, aseguró Luenzo.
Durante los últimos años, a través del decreto 434/2000 y con el Presupuesto 2001, se ha intentado afectar el régimen y eliminar el diferencial, “pero en esas situaciones se pudo conservar gracias a la fuerte reacción de la sociedad patagónica y al rechazo de diputados y senadores nacionales de la región”, detalló.
Sin embargo, ese diferencial del 50% se fue perdiendo mediante varios mecanismos que perjudicaron a la región. En 2015 se sancionó una ley por la cual se ampliaba el beneficio del diferencial patagónico de combustibles a las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa, y a las localidades de Carmen de Patagones, en Buenos Aires, y Malargüe, en Mendoza.
La norma garantizaba un diferencial para la región con respecto al resto del país, de un 20% en el precio de las naftas y de un 10% en el gasoil. Como golpe de gracia, en diciembre de 2017 por medio de la ley 27430/17 se derogó el artículo 7º que exceptuaba del pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles a los consumidores de las provincias patagónicas.
“Los patagónicos vamos a hacer frente a este y a otros atropellos hacia nuestra región, y vamos a defender el prácticamente único beneficio que al habitante del sur le quedaba del conjunto de políticas y estrategias de desarrollo regional, que alguna vez el país supo tener para con la Patagonia”, concluyó Luenzo.