Personal de casas particulares: exclusión y precarización laboral
Con la personería gremial en trámite, el Sindicato de Trabajadores de Casas Privadas (SITRACAPCR) es uno de los más recientes de la ciudad tras su primera reunión formal el 2 de julio de 2013, surgida en la necesidad específica de una trabajadora y en el marco de la sanción de la Ley 26.844 que contempla este grupo laboral, aunque permanece sin reglamentación.
El sector es de los de más alta incidencia del trabajo en negro, aunque la exclusión también alcanza a quienes están registrados laboralmente: el bajo nivel de aportes determina que las obras sociales denieguen prestaciones de salud.
Delia Velarde es la actual secretaria de organización del gremio, al que define como atípico en función del escaso margen de acción que tienen en la defensa de sus derechos, los cuales están ausentes en gran medida.
“Los salarios se establecen en una escala nacional que no contempla nuestra zona, no tenemos una patronal a quien plantear nuestras necesidades por lo que cada quien negocia lo que puede de manera particular, y la mayoría de las chicas no solo desconoce sus derechos sino que siquiera cree tenerlos” plantea Velarde desde la conciencia de que en esta primera instancia el trabajo del sindicato es la concientización, difusión y batalla por la reglamentación de la ley nacional.
El problema para este grupo es estructural: pertenecen a la actividad de más alto porcentaje de trabajo en negro y aún quienes están registrados y efectúan aportes carecen de un derecho fundamental: el acceso a una obra social para la atención de la salud.
“Son trabajadores sin derechos; peor aún, son personas sin derecho a trabajar dignamente, lo que desencadena todo un vacío de derechos que sí tienen los demás trabajadores. Es una cuestión muy profunda que requiere de un cambio de paradigma” define Marcelo Alfaro, abogado e impulsor del sindicato.
DE OBRAS SOCIALES
Y FALACIAS
El letrado subrayó que la salud de un trabajador depende en gran medida del registro -o no- de su actividad laboral, y el gran problema con las trabajadoras de casas particulares surge justamente de la falta del mismo. Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, a raíz de esta falta de regularización un 80% del total de las trabajadoras no tiene ningún tipo de cobertura de salud, a excepción de los hospitales públicos.
Sin embargo, ese 80% resulta aún más extendido si se tiene en cuenta que en función de que el aporte que efectúa el empleador es de $135 en el caso de una trabajadora de 8 horas de jornada, cinco días por semana (cuyo salario es de $3.260), y las obras sociales aducen que tal importe no es suficiente para cubrir prestaciones médicas.
Esto se da a pesar de que las obras sociales reciben subsidios nacionales (serán 4.500 millones este año para el sistema), además de alimentarse de la gran masa de aportes que debería, de acuerdo al principio solidario de una obra social, compensar para poder prestar servicios a todos los trabajadores.
Es sobre esta base que Alfaro califica como una “falacia” el argumento de las obras sociales; de modo que cuando se brinda asesoramiento a cada persona que se acerca al gremio, se les extiende una ficha para pedir el alta en la Obra Social, junto a otra ficha para elevar la correspondiente denuncia a la Superintendencia de Servicios de Salud en caso de no ser admitido en las prestaciones.
Es que si bien las obras sociales están obligadas a admitir a un trabajador registrado, en el caso comodorense como en el resto del país” se recurre a argucias como otorgar cinco cupos mensuales para este sector laboral, pero da la casualidad de que cuando entran cinco fichas de alta del grupo, la entidad aduce que ya se llenaron los cupos.
Así, los trabajadores no solo permanecen sin cobertura, sino que sus aportes van a una caja nacional que difícilmente puede usufructuar el mismo sector que lo genera dado el ritmo actual de las cosas.
“Es un problema de no menos de un millón de personas en Argentina -se estima que al menos 2.000 en el caso comodorense- , aunque es un rubro difícil de cuantificar porque es una actividad de desarrollo en todos el país y -como se dijo- sin registración. El grupo de personas en edad laboral argentino es de 14 millones”, mencionó Alfaro para ilustrar la incidencia de la problemática, anclada a otros carices sociológicos: la inmigración, como gran dadora de mano de obra para el rubro, y el creciente fenómeno de madres solteras como único sostén de hogar, muy extendido.
Esto hace que la falta de acceso a una obra social termine por dejar sin resguardo a núcleos familiares completos, mientras que en paralelo la registración laboral de una trabajadora en casa particular determina que automáticamente deje de percibir la asignación universal por hijo, lo que acarrea otra actual lucha para el sindicato.
“Se trata de una franja muy grande excluida del sistema de salud, aún teniendo trabajo”, graficó el abogado, que sumó otras ausencias de derechos para el grupo que representa, y anclado en esa gran mayoría que permanece sin registración, a pesar de que tanto el salario como los aportes de una empleada o empleado pueden ser descontados de Ganancias.
Delia Velarde es la actual secretaria de organización del gremio, al que define como atípico en función del escaso margen de acción que tienen en la defensa de sus derechos, los cuales están ausentes en gran medida.
“Los salarios se establecen en una escala nacional que no contempla nuestra zona, no tenemos una patronal a quien plantear nuestras necesidades por lo que cada quien negocia lo que puede de manera particular, y la mayoría de las chicas no solo desconoce sus derechos sino que siquiera cree tenerlos” plantea Velarde desde la conciencia de que en esta primera instancia el trabajo del sindicato es la concientización, difusión y batalla por la reglamentación de la ley nacional.
El problema para este grupo es estructural: pertenecen a la actividad de más alto porcentaje de trabajo en negro y aún quienes están registrados y efectúan aportes carecen de un derecho fundamental: el acceso a una obra social para la atención de la salud.
“Son trabajadores sin derechos; peor aún, son personas sin derecho a trabajar dignamente, lo que desencadena todo un vacío de derechos que sí tienen los demás trabajadores. Es una cuestión muy profunda que requiere de un cambio de paradigma” define Marcelo Alfaro, abogado e impulsor del sindicato.
DE OBRAS SOCIALES
Y FALACIAS
El letrado subrayó que la salud de un trabajador depende en gran medida del registro -o no- de su actividad laboral, y el gran problema con las trabajadoras de casas particulares surge justamente de la falta del mismo. Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, a raíz de esta falta de regularización un 80% del total de las trabajadoras no tiene ningún tipo de cobertura de salud, a excepción de los hospitales públicos.
Sin embargo, ese 80% resulta aún más extendido si se tiene en cuenta que en función de que el aporte que efectúa el empleador es de $135 en el caso de una trabajadora de 8 horas de jornada, cinco días por semana (cuyo salario es de $3.260), y las obras sociales aducen que tal importe no es suficiente para cubrir prestaciones médicas.
Esto se da a pesar de que las obras sociales reciben subsidios nacionales (serán 4.500 millones este año para el sistema), además de alimentarse de la gran masa de aportes que debería, de acuerdo al principio solidario de una obra social, compensar para poder prestar servicios a todos los trabajadores.
Es sobre esta base que Alfaro califica como una “falacia” el argumento de las obras sociales; de modo que cuando se brinda asesoramiento a cada persona que se acerca al gremio, se les extiende una ficha para pedir el alta en la Obra Social, junto a otra ficha para elevar la correspondiente denuncia a la Superintendencia de Servicios de Salud en caso de no ser admitido en las prestaciones.
Es que si bien las obras sociales están obligadas a admitir a un trabajador registrado, en el caso comodorense como en el resto del país” se recurre a argucias como otorgar cinco cupos mensuales para este sector laboral, pero da la casualidad de que cuando entran cinco fichas de alta del grupo, la entidad aduce que ya se llenaron los cupos.
Así, los trabajadores no solo permanecen sin cobertura, sino que sus aportes van a una caja nacional que difícilmente puede usufructuar el mismo sector que lo genera dado el ritmo actual de las cosas.
“Es un problema de no menos de un millón de personas en Argentina -se estima que al menos 2.000 en el caso comodorense- , aunque es un rubro difícil de cuantificar porque es una actividad de desarrollo en todos el país y -como se dijo- sin registración. El grupo de personas en edad laboral argentino es de 14 millones”, mencionó Alfaro para ilustrar la incidencia de la problemática, anclada a otros carices sociológicos: la inmigración, como gran dadora de mano de obra para el rubro, y el creciente fenómeno de madres solteras como único sostén de hogar, muy extendido.
Esto hace que la falta de acceso a una obra social termine por dejar sin resguardo a núcleos familiares completos, mientras que en paralelo la registración laboral de una trabajadora en casa particular determina que automáticamente deje de percibir la asignación universal por hijo, lo que acarrea otra actual lucha para el sindicato.
“Se trata de una franja muy grande excluida del sistema de salud, aún teniendo trabajo”, graficó el abogado, que sumó otras ausencias de derechos para el grupo que representa, y anclado en esa gran mayoría que permanece sin registración, a pesar de que tanto el salario como los aportes de una empleada o empleado pueden ser descontados de Ganancias.