En principio, la CAPAC resalta que “desde hace años, y en reiteradas oportunidades, los afiliados a esta Cámara empresaria con plantas de procesamiento, frigoríficos y buques radicados en la localidad de Puerto Deseado, vienen sufriendo acciones directas contra sus patrimonios y su normal funcionamiento”, hechos que también afectan al resto de la comunidad.

Respecto de lo que está sucediendo actualmente, CAPECA señala que el accionar del Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos en Puerto Deseado ha impedido que se cargue a un buque mercante los contenedores con las distintas producciones y, de esta forma, “se perdió la posibilidad de exportar en tiempo y forma”.

Por tal motivo, la compañía naviera afectada “ha decidido que el buque mercante se vaya del puerto y continúe su viaje sin poder cargar los contenedores de la pesca” y como prueba irrefutable de ello, cita que se cuentan con los mails de varias empresas que “aseguran que dicho sindicato no cumple con su labor”.

Asimismo, pone de manifiesto que “esto nos genera un perjuicio enorme para nuestra actividad”, ya que “no se puede cumplir con las ventas, facturar y, por consiguiente, tampoco cobrar ni cumplir con los compromisos pactados con anterioridad”.

Por tal motivo, califica de “ilícita y arbitraria” la forma de proceder del SUEPP, dado que “muestra un total desprecio por las empresas que invierten, operan y emplean gente en la localidad, generando una inseguridad jurídica alarmante, sumado al aumento de costos operativos, daños y perjuicios sobre la mercadería en tránsito e innumerables pérdidas para la empresa”.

En esa misma línea, CAPECA sostiene que “esta permanente forma de operar atenta no solo con nuestra actividad, sino también con el normal desarrollo de la comunidad de Puerto Deseado, sus habitantes y el comercio local, al no poder exportar y por consiguiente también impedir la liquidación de divisas por exportaciones que tanto necesita nuestro país”.

Por todo ello considera que es menester poner en conocimiento de la opinión pública “la situación de inseguridad jurídica y falta de competitividad del puerto de Puerto Deseado”.

De allí que la entidad solicita “la urgente intervención de las autoridades locales para ordenar el conflicto, con un cese inmediato de amenazas e intentos de impedir las descargas, cargas y consolidación de contenedores a su cauce normal y habitual”.

Finalmente, resalta que “la comunidad pesquera de Puerto Deseado necesita imperiosamente que se cumpla con las normas mínimas de convivencia, respeto a ley y la libertad de trabajar e invertir”.