Piden aplicar la emergencia de los servicios públicos en Comodoro

La ley de emergencia en los servicios públicos había sido sancionada por la Legislatura chubutense en diciembre de 2013 y el único efecto concreto que tuvo en la práctica fue enmarcar la aplicación de un fondo de sustentabilidad en los diversos municipios, lo que repercutió con aumentos de entre el 24 y el 35% para los usuarios. A priori, este fondo iba a ser de tratamiento también legislativo, aunque terminó aplicándose solo en los municipios, con autorización de los concejos deliberantes.

 El detonante del tratamiento de la ley de emergencia había sido puntualmente la crisis por la que ese verano ya atravesaban Comodoro y Rada Tilly ante prolongados y periódicos cortes de agua, producto de varias roturas en el acueducto que ya entonces esperaba por la repotenciación.

Mientras a lo que se apuntaba inicialmente era a declarar la emergencia en el agua potable en ambas ciudades, la declaración terminó por abarcar a todos los servicios públicos en toda la provincia.

El marco se sancionó de modo unánime estableciendo la emergencia en “la prestación de los servicios públicos esenciales de: a) Energía Eléctrica (generación, generación aislada, transmisión y distribución), b) Agua Potable (captación, potabilización, almacenamiento, transporte, elevación y distribución) y Efluentes Cloacales (recolección, transporte, tratamiento y disposición de efluentes cloacales y residuos resultantes y efluentes industriales aptos para ser vertidos en el sistema cloacal), en todo el ámbito de la Provincia del Chubut”.

Fue en ese contexto en el que se creó el Consejo Consultivo de los Servicios Públicos que, como ya se indicó, el único “avance” concreto que produjo fue el fondo de sustentabilidad, aunque su misión era “el análisis y desarrollo de políticas de estado tendientes a superar el estado de emergencia” y tendrá las facultades de seguimiento, información e investigación” de lo que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Infraestructura Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la provincia realice con el fin de superar el estado de Emergencia declarado, ya que uno de los argumentos de base fue revertir la sostenida falta de inversión provincial.

LAS RESPONSABILIDADES
Es en ese correlato que el concejal José Gaspar pidió ayer que Provincia aplique la emergencia y realice las inversiones que por responsabilidad le corresponden sobre el acueducto. El jefe de la bancada radical reclamó que en el marco de la reunión realizada el viernes en la SCPL, quien asistió en representación de Provincia fue Félix Matamala, subsecretario de Servicios Públicos, cuyas respuestas lejos estuvieron de conformar a la mesa local dado el nulo poder de decisión.

“Le reclamamos que debían llevar adelante el mantenimiento del acueducto. Ellos mismos reconocieron que le deben 26 millones a la SCPL, pero la respuesta fue que no tenía ningún poder de decisión y que lo iba a plantear al nivel superior” expuso Gaspar, quien recordó la existencia de la ley para pedir que Provincia actúe en ese marco.

“Nadie puede hacer nada si no hay un decreto del gobernador diciendo que pone todo a disposición del acueducto”, planteó el concejal, recordando que el mismo es propiedad y responsabilidad provincial, no de la SCPL ni de la Municipalidad.

“Esto lo venimos planteando hace rato; algunos se acuerdan ahora, y la responsabilidad de lo que está pasando es de la Provincia que nunca tuvo en cuenta a Comodoro. Los presupuestos provinciales de los últimos 12 años nunca incluyeron un plan para el agua. Los intendentes nunca se preocuparon de que hubieran los dineros necesarios para el mantenimiento y funcionamiento del acueducto”, reclamó.

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