Piden debatir un proyecto contra la violencia institucional en el Congreso

Representantes de las entidades de Derechos Humanos expusieron ante un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y consideraron necesario debatir un proyecto para erradicar la violencia institucional.

Representantes de organismos de derechos humanos consideraron este miércoles que es necesario debatir un proyecto para combatir la violencia institucional y erradicar esas conductas de parte de las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios de todo el país.

Los referentes de Amnistía Internacional, Cels, Liga de los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte y Red de la Libertad expusieron ante un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos.

La presidenta de la comisión de Seguridad Interior, Paula Pennacca, llamó a "avanzar en este debate" y aseguró que "contamos con el apoyo del Poder Ejecutivo para avanzar en estos temas".

El proyecto integral fue presentado en diciembre por Penacca, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, y Leonardo Grosso establece pautas de acción frente a las denuncias "con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz".

El texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.

Raquel Witis, de la Comisión de Verdad, Memoria y Justicia, consideró necesario debatir un proyecto para erradicar la violencia institucional y dijo que "es importante el registro de los casos en la secretaria de Derechos Humanos para pensar políticas públicas".

"La violencia institucional no es un problema nuevo, es algo que no hemos podido superar en tantos años de democracia. Uno de los principales actores que inciden en la impunidad es el Poder Judicial", agregó.

La representante de Amnistía Internacional, Paula García Rey, dijo que es importante tratar un proyecto que incorpore "los principios internacionales de los Derechos Humanos sobre el uso de la fuerza".

Dijo que el año pasado desde esa organización informaron "los casos de hechos de violencia y uso abusivo de las fuerzas" que sucedieron cuando se aplicó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la Covid-19.

Victoria Darraidou, del CELS, señaló que "el proyecto constituye a las autoridades políticas como actores que pueden ser informados por los funcionarios judiciales y nos parece importante agregar a los familiares, a las organizaciones de DD.HH. y sociales".

"Tener un registro es necesario para entender esta problemática que hoy padecemos, y tenemos que fijar lo que se registra y tal vez pensar en un sistema que pueda incorporar distintas fuentes al caso que estamos contando", dijo.

José Schulman, de la Liga de los Derechos Humanos, afirmó que desde esa entidad "venimos a proponer un observatorio independiente del Estado para prevenir estos hechos".

Néstor Míguez, de la APDH, sostuvo: "Entendemos que es necesario generar legislaciones que afecten también a otros agentes y efectores del Estado que pueden incurrir, al igual que las fuerzas policiales y penitenciarias, en episodios de violencia institucional".

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