Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados exige al Poder Ejecutivo que remita “en forma urgente y detallada” toda la documentación vinculada a una contratación realizada por la Cancillería, relacionada con un expediente adjudicado a una asociación presidida por la esposa del ministro Federico Sturzenegger.
La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional Roxana Monzón, quien solicitó informes sobre la contratación aprobada mediante la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, correspondiente a la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25, destinada a la capacitación en idioma inglés del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Qué información reclama el Congreso
Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, el proyecto pide conocer:
El número completo del expediente.
La normativa aplicada y los fundamentos técnicos y jurídicos que habilitaron el uso del procedimiento de excepción previsto en el artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01.
Las fechas de convocatoria, apertura y adjudicación, así como la emisión de la orden de compra.
También solicita saber si el Ministerio realizó estudios comparativos o relevamientos de mercado que respalden el argumento de “especialidad” y la inexistencia de otros prestadores idóneos, además de la identificación completa del adjudicatario, sus autoridades vigentes y los antecedentes de contrataciones con Cancillería durante los últimos diez años.
El monto y la controversia
En los fundamentos, Monzón señala que la contratación adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, por un período de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo equivalente.
De acuerdo al acto administrativo, la adjudicación se justificó bajo el argumento de que la entidad sería el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad de un plan de capacitación iniciado en 2018 y desarrollado durante ocho años.
El proyecto también hace referencia a la controversia pública en torno al caso: menciona que distintos medios periodísticos informaron que la asociación es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Sturzenegger, y sostiene que en las actuaciones administrativas se reconoce la existencia de un “vínculo positivo” entre una de las directoras de la entidad y el funcionario.
Pedido de transparencia
La resolución remarca que se trató de un procedimiento de excepción, que “restringe la concurrencia y la competencia”, y cuestiona los criterios técnicos utilizados para descartar la existencia de oferentes alternativos, tratándose —según advierte— de un servicio educativo con amplia oferta en el mercado.
Finalmente, el texto pone el foco en el contexto de ajuste fiscal, al señalar la contradicción entre el gasto comprometido para 2026 y el deterioro presupuestario de áreas sensibles del Estado, y concluye con un pedido de transparencia y acceso público a los fundamentos, montos y criterios de la contratación.
Fuente: Agencia NA