En la provincia de Santa Cruz persiste el objetivo de un sector para que se investigue el procedimiento por el cual se autorizó una operación comercial en tierras aledañas al glaciar Perito Moreno.

La iniciativa fue promovida por los vecinos de El Calafate, Alexis Casandra Valdéz, Ángel Serra, Alberto Chaile y Fernanda Nogueira, quienes impulsaron durante las últimas dos semanas la recolección de adhesiones de esa y otras localidades santacruceñas, además de turistas. El pedido apunta específicamente a la Comisión Investigadora de la Administración Pública, prevista en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Puntualmente, se solicita que esa comisión analice de manera integral tanto el Decreto 915/2026 como el Expediente del Consejo Agrario Provincial 495.894/2023, además de todas las actuaciones y antecedentes relacionados con la autorización para transferir las parcelas G2 y G3 de Península de Magallanes.

Vale recordar que el Decreto 915, firmado el 1 de septiembre por el gobernador Claudio Vidal, autorizó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” una operación que permite la transferencia de esas tierras desde Lacustre del Sud SA hacia ASB Hospitality Calafate SAU, sociedad cuyo capital pertenece íntegramente a ASB Hospitality LLC, constituida en Dubai.

Por esa razón, los firmantes piden a la Cámara que investigue “con carácter de urgente” la pertinencia y legalidad del procedimiento y determine si corresponde adoptar medidas legislativas, judiciales o de otra naturaleza.

La nota también pone énfasis para saber dónde están ubicadas las parcelas, citando que las mismas se encuentran dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, en un sector lindero con el Parque Nacional Los Glaciares y en el entorno del Glaciar Perito Moreno.

El pedido pretende que la Legislatura pueda intervenir antes de que se consoliden actos de disposición sobre los inmuebles, o se produzcan intervenciones materiales que puedan resultar difíciles de revertir.

Asimismo, vale recordar que la semana pasada el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó que no se inscriban transferencias, cesiones ni nuevos derechos reales sobre las parcelas G2 y G3, como medida conservatoria, y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine si debe intervenir originariamente en la causa.

Fuente: Ahora Calafate