Caleta Olivia (agencia)
El juez de instrucción Jorge Alonso lleva adelante la causa caratulada como “homicidio calificado en ocasión de robo” en la que están implicados tres jóvenes: Brian Barría, Edgard Verón y Florencia Narváez, todos mayores de edad, residentes en esta misma ciudad.
El primero de ellos fue sometido a una rueda de reconocimiento de testigos alrededor de las 16 del sábado, aunque por razones del secreto sumarial no se dieron a conocer mayores precisiones de esa instancia legal que también fue presenciada por el abogado particular del imputado Marcelo Fernández y el fiscal Martín Sedán.
Se presume que los dos restantes serán sometidos a similar proceso en el curso de los próximos días, en tanto pudo saberse que en el reconocimiento de Barría participaron otros chicos (varones y mujeres) que acompañaban a la víctima fatal cuando fue atacada por la patota.
CONSTERNACION
Dos horas después que Barría compareciera ante la justicia, esposado y fuertemente custodiado por policías, alrededor de 300 personas protagonizaron una marcha de silencio por las calles céntricas clamando justicia por este nuevo y atroz crimen que conmocionó a la comunidad.
De la misma también tomaron parte integrantes de la agrupación “Madres y Padres del Dolor” que son familiares de otras víctimas de crímenes, (algunos aún no resueltos) o están desaparecidas.
La anterior y masiva manifestación se había registrado a principios de diciembre por la docente Rita Bejarano, por cuyo caso se halla detenido, imputado por homicidio y a la espera de ser sometido a juicio, su ex pareja Cristian Angel.
La marcha por el chico de 16 años se inició y finalizó en la plazoleta del Gorosito, tras haberse desplazado por ambas manos de la avenida Independencia.
Al frente de la misma y por detrás de una gran pancarta de color negro en la cual se había impreso la frase “Justicia por Jorge”, iban sus padres, Rubén Muñoz y Sandra Casas y sus hermanos.
En tanto, a lo largo de la columna que irradiaba un halo de consternación, bronca, solidaridad y de mensaje hacia la Justicia, se levantaban pequeños carteles y reproducciones de una de las últimas fotografías del adolescente.
CALLES PELIGROSAS
Antes del inicio de la marcha, entre sollozos, Sandra comentó a este y otros medios periodísticos algunos pormenores del fatídico hecho y del accionar de los individuos que le arrebataron la vida de su hijo.
Su relato se basa en la última comunicación telefónica que mantuvo con el chico y en lo que le contaron algunos amigos y amigas que lo acompañaban, algo que coincide con informaciones que obtuvo este diario de fuentes judiciales.
La madre dijo que Jorge había ido a un quincho en el barrio Miramar donde junto a sus amigos organizaron una fiesta en la noche del sábado 31 de enero y que le avisó telefónicamente que iba a volver un poco tarde porque se quedaría a ordenar y limpiar el local, es decir hasta las primeras horas del domingo.
“Bueno, cuidáte” le respondió Sandra, recordándole que la calle era peligrosa, teniendo en cuenta que con anterioridad a Jorge la habían arrebatado un celular.
Poco antes de las nueve de la mañana de ese fatídico día, salió del quincho con sus acompañantes (estimativamente cuatro más) y todos se dirigieron por la calle Azcuénaga en busca de un auto en una remisería ubicada cerca de la Escuela N° 36 del mismo barrio.
El grupo llevaba también un cajón de cerveza que les había quedado de la fiesta, pero esto no lo contó la madre sino una alta fuente judicial.
Lo coincidente en los relatos es que a los chicos los interceptó una patota de varios individuos con fines de robo.
La Justicia contabiliza dos hombres y una mujer jóvenes, todos mayores de edad, pero Diario Patagónico pudo saber que inicialmente ese grupo habría estado integrado por una menor de edad que permaneció demorada en una institución púbica por varios días, hasta que fue entregada a sus padres.
LA VIDA POR ZAPATILLAS
Se dice que la agresividad de los atacantes era tal que el grupo de menores procuró huir como pudiera, pero aparentemente Jorge trató de auxiliar a una de sus amigas y fue cuando le asestaron una brutal paliza, pero además uno o varios de los agresores tomaron varias botellas de cerveza y se las partieron en la cabeza.
La crueldad no tuvo límites porque cuando quedó desvanecido y ensangrentado en el suelo, le robaron las zapatillas, una mochila y un buzo (no se confirmó si también le quitaron un celular), datos que figuran en la causa que se investiga.
Los vecinos que residen en las inmediaciones llamaron a la policía y luego la víctima fue trasladada al Hospital Zonal con un desesperante cuadro clínico hasta que se diagnosticó su muerte cerebral. Expiró el miércoles 4 de febrero.
La detención de los sospechosos no llevó mucho tiempo en base a indicios que dieron los chicos que lograron escapar y testimonios de algunos vecinos que “los tenían visto” por otros hechos delictivos en la misma zona.
Rubén Muñoz, el padre, dijo que su familia era de condición humilde y le resultaría difícil pagar un abogado particular para lograr que la muerte de su hijo por parte de “lacras” de la sociedad no quede impune.
La madre, Sandra, dijo que contaba con la promesa de familiares para reunir unos 100 mil pesos, la cifra promedio que cuesta contratar un letrado particular para este tipo de casos.
Pero más allá de ello, agradeció y se sorprendió del apoyo de todas las personas que se sumaron a la marcha, al tiempo que pidió públicamente a las autoridades competentes que haya más seguridad en las calles de la ciudad.
Exigió castigo para quienes asesinaron a su hijo, dejando en claro que el dolor que a ella la embarga puede ocurrirle a cualquiera y que no es posible que adolescentes o jóvenes salgan a divertirse sanamente y sean víctimas fatales de gente desalmada y sin valores humanos que desprecia la vida de otros y mata simplemente para robarles sus pertenencias.