Caleta Olivia (agencia)
La legisladora del único bloque opositor que existe en la Legislatura de Santa Cruz y que solo cuenta con dos bancas (la restante la ocupa Héctor Roquel), se presentó a las 9 en la Fiscalía de Martín Sedán, haciéndolo también en su carácter de afiliada a la Caja de Servicios Sociales (CSS) que otorga cobertura a trabajadores de la administración pública provincial y de los municipios.
Cabe recordar que Korenfeld había asumido en el citado organismo el 10 de diciembre y que renunció a fines de ese mismo mes. Su portazo prácticamente coincidió con el que dieron otros funcionarios del gabinete del gobernador Daniel Peralta, tras los incidentes producidos en la Legislatura.
Con el transcurrir de los días, los dichos de Korenfeld parecieron ir quedando en el olvido hasta que ayer la diputada Bubola (esposa del concejal caletense Juan Acuña Kunz) pidió a la justicia que investigue hasta las últimas consecuencias y se identifique a los responsables del descalabro al que fue sometida esa obra social en el curso de los últimos años.
El calificativo no es un exabrupto periodístico, ya que es válido recordar que miles de afiliados padecieron las consecuencias de esas irregularidades hace pocas semanas cuando colegios médicos, círculos farmacéuticos y otros prestadores cortaron sus servicios a la Caja por falta de pago, al tiempo que se suspendieron derivaciones e incluso decenas de pacientes derivados quedaron virtualmente aislados en Buenos Aires.
MANEJO DE FONDOS
Puntualmente, la legisladora requiere que la justicia determine si los hechos denunciados por Korenfeld configuran delitos y de qué tipo.A modo de ejemplo, siempre citando a la ex interventora, señala que desde el Ministerio de Economía se enviaron $9.000.000 que se gastaron en pocos días (del 5 al 7 de diciembre), “con una premura que habilita preguntarse cuál fue la razón que generó la urgencia de pagos” y a quiénes se hizo, en tanto la deuda general con proveedores igualmente trepó hasta los $ 250.000.000.
Además, hubo otro envío de $3.000.000 para responder en lo que se denomina Fondo de Terceros y en razón que la CSS es agente de retención de AFIP, esos fondos no le pertenecían, por lo que nunca los debió utilizar el organismo provincial porque es ilegal.
Bubola también reflotó el hecho de que “en la distribución de esos pagos, $28.000 fueron destinados para un asado de despedida del anterior Interventor”, lo cual resultó insólito.
Citó también que los bienes de la Caja están sin inventariar y sin ser registrados desde el año 2005, a lo que se suma un gran “desorden administrativo y falta de conciliaciones bancarias”.
La lista de irregularidades es extensa y resultaría engorroso reproducirla en su totalidad, pero vale mencionar una más para dar una mayor comprensión a este escándalo.
En ese sentido, siempre citando los dichos de Korenfeld, Bubola indicó que “durante 2011 el gasto en publicidad y propaganda fue cercano a los $ 2.500.000, con algunas particularidades para analizar. Por ejemplo, no figuran medios de comunicación radiales, gráficos y televisivos de reconocida trayectoria en la Provincia de Santa Cruz, y en Rio Gallegos en particular.
INDAGATORIA
Por todo ello, la diputada radical pide “que se cite en calidad de testigo a Korenfeld, para que explique, detalle y amplíe sus declaraciones” y también requiere que la justicia “intime a la CSS a detallar sus movimientos de gastos e ingresos hasta la fecha”, además de efectuarse una auditoría contable por intermedio del cuerpo de peritos contables del Poder Judicial.
Finalmente, solicita que se cite a todos los ex interventores del organismo, “o a quienes hayan malversado, gastado y se hayan apropiado -en su propio beneficio- de fondos públicos en perjuicio de la administración pública”, para ser sometidos a declaración indagatoria.
- 08 febrero 2012