Piden que la Universidad, abogados y magistrados se expidan sobre los vip

A pesar de los esfuerzos de la Municipalidad por controlarlos, en Comodoro Rivadavia no se ha logrado avanzar en la regularización de los denominados departamentos vip, donde se ejerce el trabajo sexual y se sospecha que también podría haber delitos encubiertos como el juego, la venta de drogas y la trata de personas.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Jorge Echelini recordó que el proyecto de ordenanza enviado en su momento al Concejo Deliberante tuvo varios puntos de observación, ya que algunos ediles entendían que no se podía regular al respecto.
En este sentido adelantó que el municipio cursó durante esta semana una copia de la propuesta a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, al Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, para que cada uno de ellos emita su opinión sobre el tema.
“Buscamos que cada uno pueda opinar y ver si estamos en la senda correcta o no, en la legalidad de poder regular en algunos aspectos la prostitución y una vez que tengamos esas respuestas podremos evaluar si seguir o no”, subrayó.
Consideró esta postura en virtud de que son las tres entidades corporativas de mayor peso en materia de derecho. Así, con la opinión que brinden estas instituciones se avanzaría en la regularización de los Vip y de las mujeres que ejercen el comercio sexual.

PROHIBICION DE AVISOS
Respecto del decreto presidencial que prohíbe la publicación en los medios de comunicación de avisos publicitarios donde se promocione la oferta sexual, Echelini opinó que tiene algunos vacíos legales.
Si bien se mostró satisfecho por la norma, argumentó: “me parece que cuando uno aborda la lectura del decreto, hay algunas cuestiones que no están claras, por ejemplo se habla de un poder sancionatorio, pero no define cuál es la sanción y al no definirlo queda un vacío legal, porque no queda claro que aquel que violenta la norma va a ser castigado y cómo”, señaló.
Echelini estimó que quizá sea necesario que el Ejecutivo nacional publique un nuevo decreto para dejar en claro las sanciones, de todos modos observó: “si uno bucea en las dos leyes que son de sustento al decreto, no contiene sanciones tampoco”.
Consideró que este vacío legal es importante, porque en principio el decreto crea una comisión para receptar las denuncias y entiendo que “todos aquellos que estén interesados deberán hacer la denuncia en esta comisión y la comisión deberá actuar dentro del ámbito administrativo”.
En opinión del secretario de Gobierno: “ésta es la única deficiencia que tiene el decreto y que habrá que analizarla en el ámbito de la asesoría jurídica de la Presidencia”.

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