Pidieron condenas de hasta dos años de prisión para el extitular de Lotería

A partir de los testimonios y pruebas presentadas por el manejo del Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut durante la gestión de Alberto Vargas, el fiscal Osvaldo Heiber pidió seis meses de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En cambio, el abogado querellante Martín Castro requirió dos años por "administración infiel en perjuicio de la administración pública". Mientras, el defensor Fabián Gabalachis reclamó la absolución o el mínimo de pena.

El juicio oral y público contra el exgerente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Alberto Vargas, concluyó con la ronda de testigos y ayer se escucharon los alegatos de las partes. La próxima semana se conocerá el veredicto del tribunal integrado por los jueces José García, Ivana González y Mirta Moreno.
En primer lugar el fiscal general Osvaldo Heiber basó sus conclusiones de los testimonios escuchados durante el debate en el informe original del Tribunal de Cuentas donde se advertía de la existencia de contrataciones directas sin respetar las reglamentaciones existentes de Lotería del Chubut.
Destacó que los dichos del testigo y denunciante Carlos Barbato, quien se desempeña con actual gerente del IAS. Luego, el representante fiscal subrayó los dichos del contador público José Luis Velázquez, quien analizó las leyes y reglamentaciones que guían el proceder al momento de realizarse los contratos por la adquisición de bienes y servicios, y también todos los expedientes presuntamente irregulares.
Basado en su experiencia de diez años en la Contaduría General de la provincia, concluyó en su testimonio: "cuando se arman estos expedientes de la forma en que se hicieron fue para beneficiar a los proveedores", graficó Heiber.
Para el fiscal "se debe declarar a Vargas como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en la modalidad de abuso de autoridad". Pidió una pena de seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

INFLUENCIAS POLITICAS
El abogado Martín Castro, querellante en representación de la Fiscalía de Estado, argumentó que a lo largo del debate quedó confirmado el ilícito y "Vargas era consciente que ocupando los máximos cargos en el Instituto como el de gerente y presidente, violaba las normas y reglamentaciones contratando servicios de manera directa".
Castro también valoró el informe del Tribunal de Cuentas que dio origen a la presentación de la denuncia y a la posterior investigación. "Existió un lucro indebido con terceros como beneficiarios afectando al patrimonio del Instituto. No se pagaban los premios de los juegos pero sí se pagaron estos contratos", cuestionó.
Calificó a las declaraciones del testigo Martín Saavedra como "muy llamativas". Este fue asesor legal del IAS y junto a Barbato y el propio Castro analizó los expedientes que motivaron la investigación contra Vargas. "Me hago cargo de haberlo traído como testigo", dijo el abogado querellante.
Agregó: "soy respetuoso de la división de poderes, pero la declaración de Saavedra estuvo influenciada por cuestiones políticas. Me consta además por algunos mensajes de texto que luego recibí de él".
Castro pidió la pena de dos años de prisión en suspenso por el delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad".
Mientras el defensor Fabián Gabalachis dijo que los delitos contra su cliente no pudieron ser probados y que Vargas era parte de una cadena interna de controles legales, contables y administrativos de cada uno de los expedientes que se pagaban.
Argumentó: "de un día para el otro había que responder a urgentes pedidos políticos al momento de realizar las contrataciones y las compras".
Para Galabachis, "se trata de actos administrativos que están en la delgada línea de lo legal y lo ilegal" y que en tal caso "deben investigarse en el campo administrativo y no en el ámbito judicial". Solicitó la absolución del ex gerente y que se ser hallado culpable se le aplique el mínimo de la pena para cada calificación legal escogida.
El presidente del tribunal, José García, informó darán a conocer el veredicto "dentro de los plazos legales" y que para ello se convocará a una nueva audiencia.

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