Con fuertes críticas a la designación del procurador general adjunto, Emilio Porras Hernández, aprobada en 2008, ayer el abogado comodorense Eduardo Conde se refirió a un pedido que elevó a la Cámara de Diputados de Chubut para avanzar con la nulidad de ese nombramiento.
En su presentación Conde señala que el 27 de setiembre de 2008 la Legislatura de Chubut sancionó con fuerza de ley la incorporación de la figura del procurador general adjunto, la cual es designada actualmente por el Poder Ejecutivo con acuerdo de los diputados.
Luego, el ex gobernador Mario Das Neves nombró el 16 de abril de 2009 en ese cargo a Emilio Porras Hernández, quien fijó domicilio en Comodoro Rivadavia y se convirtió en la máxima autoridad de los fiscales de la zona sur de la provincia.
En diálogo con Diario Patagónico el abogado Conde señaló que entiende que la designación “no fue más que la elección de un ‘botón’ que sirviera de alcahuete a su jefe, el procurador adjunto Jorge Miquelarena. De hecho, en su momento le recomendé al ex gobernador Das Neves que no avanzara con el nombramiento de Porras Hernández pero hizo oídos sordos”.
Incluso Conde agregó: “mi intención es destacar la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo designe al procurador general adjunto, pero además que se obvie la evaluación del Consejo de la Magistratura de Chubut, lo que ratifica que se eligió a dedo y por conveniencia”.
“Además, una ley de rango inferior a la Constitución no puede trastocar un mandato de esta última que sólo habilita la elección de los integrantes del Superior Tribunal y el procurador general. De manera que la nueva figura fue hecha a medida para un alcahuete, es decir para Porras Hernández”, dijo el abogado.
En ese sentido, Conde añadió: “no sólo vemos con agrado que se deje sin efecto la designación del actual procurador general adjunto sino que, directamente, se declare nula la ley que avala dicho nombramiento por el gobernador”.
“Insisto que la ley así aprobada impide que el Consejo de la Magistratura, integrado en forma pluralista por representantes de magistrados, abogados, empleados judiciales y del pueblo elegidos en comicios, realice el control de idoneidad y mérito que el sistema supone”, acotó.
- 08 marzo 2012