Pobladores originarios se suman a la denuncia de Lorenzo por la venta de bosques nativos

El precandidato a la Gobernación de Chubut por el Frente Unen, Carlos Lorenzo, se reunió la última semana con comunidades originarias y organizaciones sociales para avanzar con el planteo de inconstitucionalidad de la venta irregular de tierras fiscales en la cordillera provincial durante la gestión de gobierno de Mario Das Neves.

 Carlos Lorenzo había anticipado la decisión de radicar una denuncia penal durante los primeros días de enero, y fue en este marco que encabezó una reunión en la ciudad de El Hoyo de la que formaron parte comunidades originarias reconocidas, organizaciones sociales y descendientes de antiguos pobladores.

El foco de la presentación será el Decreto 74/05 firmado por Mario Das Neves que permitió eludir la prohibición que imponía el artículo 105 de la Constitución de Chubut a la venta de tierras con bosques nativos, y que tuvo entre otros beneficiarios a su ex vicegobernador, Mario Vargas, un contexto por el que ya en 2011 y durante su diputación provincial, Lorenzo planteaba una declaración de nulidad de la totalidad de los títulos de propiedad otorgados durante la gestión Das Neves, en el marco del cuestionado decreto.

De hecho, el ahora precandidato a la gobernación señaló que para la concreción de negocios inmobiliarios en bosques nativos el círculo del ex gobernador se valió de “muchas artimañas”, ya sea a través de decretos que generaron grises legales, o de resoluciones del IAC, mensuras engañosas, decretos promulgados directamente por el gobernador entregando tierras compulsivamente, para lo cual se conformaron “inmobiliarias fantasmas”.

En otros casos otorgaban títulos de propiedad “de la mitad o menos cantidad de tierras de las que les pertenecían a los pobladores originarios, dejando tierras fiscales a los lindantes que son grandes multinacionales, empresarios, políticos que después las terminan solicitando y apoderándose de ellas con gestiones irregulares en el IAC entre gallos y medianoche”.

MAS INVESTIGACIONES

Hay que recordar que el tema y la posibilidad de denuncias penales tienen largos antecedentes en la provincia ya que concretamente el entonces fiscal de Estado, Blas Meza Evans, también había prometido avanzar con una investigación sobre el tema, aunque nunca llegó a sustanciar la denuncia.

El foco del hoy vicerrector de la universidad del Chubut se basó en definir si hubo delito y actos de corrupción con respecto al Decreto 2093 del 29 de noviembre de 2005 mediante el que el ex gobernador otorgó a su vice, Mario Vargas, el título de propiedad sobre 4.959 hectáreas en la zona denominada “Rincón del Aceite”, cubierta en su mayor parte de bosques nativos.

Sucede que el ya mencionado artículo 105 de la Constitución Provincial determina que la cobertura de bosques nativos debe ser inferior al 50% de la tierra pretendida, por lo que está constatado que en el expediente tramitado por Vargas en el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural se aconsejó no otorgar títulos de propiedad sobre el predio en cuestión.

No obstante, el ex vicegobernador pagó -según un informe del IAC- poco más de $100.000 por esas tierras: $12.390 por las primeras 3.500 hectáreas, y luego 91.084 pesos por otras 1.459 hectáreas lindantes.

Otro de los casos que había comenzado a investigar Meza Evans fue la venta irregular en Cerro Azul, concretada en la gestión Das Neves y por la que el gobierno de Martín Buzzi debió iniciar una ronda de diálogo con comunidades mapuches luego de la presentación de un recurso de amparo reclamando las tierras donde se desarrolló la construcción de un centro invernal en Aldea Buenos Aires Chico, un proyecto que avanzó durante la década dasnevista sin haberse realizado un estudio de impacto ambiental, además de que se talaron los árboles nativos sin el permiso de la Dirección de Bosques y nunca se hizo la planimetría del refugio, ni para los medios de elevación.

No obstante, la Fiscalía de Estado no fue el único organismo judicial que intervino en alguno de los tantos casos de cuestionadas ventas de tierras en bosques nativos. Solo por mencionar otro caso, vale recordar las 1.300 hectáreas en la zona cordillerana que habían sido pagadas por $98.000 y revendidas por 2,5 millones de dólares a un inversor norteamericano.

Se trata de una investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal de Esquel, que en su momento -dos años antes- había reflejado el Diario de Madryn, con foco en un paradisíaco predio ubicado a 60 kilómetros de Cholila y cuya indagación se inicia a través de la denuncia del apoderado de una familia pobladora desde la última centuria, a la cual habrían despojado de 288 hectáreas que forman parte del territorio en disputa, poblado de bosques de cipreses, coihues, maitenes, cañas colihues, además de animales como jabalíes, huemules, ciervos y pumas.

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