Las organizaciones del colectivo denunciaron la existencia de un proyecto de decreto que busca correr al Estado de la tarea de fijar los costos de las prestaciones sanitarias, que quedarían en manos de las prepagas y las obras sociales, tal como sucedía en los 90. La decisión afectaría a más de 300 mil usuarios del sistema.
No todo se puede desregular. Esta vez fueron las personas con discapacidad las que salieron a la calle a intentar ponerle un límite a la obsesión libertaria de correr del medio al Estado. Las organizaciones del colectivo marcharon este miércoles hasta la quinta de Olivos y se movilizaron en varios puntos del país para denunciar que el Gobierno tiene en carpeta un decreto que busca flexibilizar el valor de las prestaciones de salud, lo que afectaría drásticamente la cobertura de unos 300 mil usuarios que están dentro del sistema.
Si la norma llegara a entrar en vigencia –el borrador del DNU se filtró en los últimos días–, las prepagas y las obras sociales podrían fijar a piacere los montos que les transfieren a los centros de día y de rehabilitación, a las residencias y hogares y hasta a las escuelas de educación especial en concepto de sus servicios. Lo mismo correría para el sector público, tanto para el PAMI como para el programa Incluir Salud, gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por lo que la medida también traería aparejado un ajuste duro y puro de los recursos estatales peor del que ya está en marcha en el área.
TODO EL PODER A LOS PRESTADORES
"Si el Gobierno decide avanzar con el decreto, se perdería el derecho conquistado por nuestro colectivo y por las familias a una cobertura de salud digna", describió la situación en diálogo con Página/12 Eduardo Maidana, miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para Maidana, "lo que puede terminar sucediendo es que los prestadores discriminen entre quiénes pueden pagar y quiénes no, entre el que tiene determinada prepaga y el que tiene la cobertura del Estado, generando personas con discapacidad de primera, de segunda y de tercera, de acuerdo a qué cobertura tengan".
De acuerdo al texto del proyecto de DNU, el Gobierno busca que el Estado deje de regular el precio de las prestaciones de salud para las personas con discapacidad. Hasta ahora, esa tarea la viene realizando el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, que depende de ANDIS. Ese directorio fija un valor universal o "nomenclatura" para cada uno de los servicios que brinda el sistema, que pagan por igual las prepagas, las obras sociales y el sector público (tanto PAMI como el programa Incluir Salud, una suerte de obra social estatal).
Ese “valor universal” iguala la calidad de los servicios y hace que personas de pocos recursos y los que más tienen reciban las mismas prestaciones. El potencial decreto barre con toda esa normativa y deja librados los precios y valores a las fuerzas del mercado, tal como sucedía en la década del 90.
La existencia del proyecto de decreto fue confirmada también por la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que viene recibiendo a las organizaciones del sector desde hace dos semanas. Ante los testimonios que fueron recogiendo, varios diputados --entre ellos Daniel Arroyo y Gustavo Valdés-- presentaron proyectos de ley para ratificar la vigencia de la Ley 24.901, que regula la actividad y que el Gobierno pretende modificar vía DNU.