Polémica en Río Gallegos por el fallo que autoriza reapertura de prostíbulos

Encubiertos durante muchos años bajo la fachada de whiskerías o cabarets, los prostíbulos de Río Gallegos, conocidos vulgarmente como “casitas de tolerancia”, podrán volver a funcionar nuevamente por disposición de un fallo judicial, luego de haber sido clausurados hace algo más tres años.

Caleta Olivia (agencia)

La noticia generó reacciones encontradas en la capital santacruceña, tanto en el ámbito comunitario como político, ya que en este último caso la medida judicial se da de bruces con la tenaz lucha que lleva adelante la Subsecretaría de la Mujer en torno a la trata de personas.
Además, cabe señalar que en esos ámbitos en varias ocasiones se realizaron operativos policiales para rescatar a mujeres que estaban atrapadas en las redes de la prostitución y en otras ocasiones se efectuaron procedimientos por narcotráfico.
“Las Casitas”, vale recordar, son un conglomerado de menos de 50 viviendas particulares de un solo piso, construidas de material o chapa que se hallan ubicadas en inmediaciones de la Terminal de Omnibus de larga distancia.
Quienes las regenteaban estaban permanentemente sospechados de ser proxenetas e incluso en 1997 hubo una investigación interna dentro de la Policía provincial, dado que algunas denuncias apuntaban contra un alto oficial de la institución.
Vale también recordar que a mediados de 2011, mientras estaban clausuradas, un grupo de alternadoras protagonizó una marcha de protesta por las calles céntricas de Río Gallegos.

FALLO JUDICIAL
En su portal digital, Diario Nuevo Día da cuenta de que recientemente la Cámara Nacional de Casación no hizo lugar a un recurso de queja interpuesto por un fiscal de Comodoro Rivadavia  (Horacio Arranz) y consecuentemente reafirmó un polémico fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Chubut,  emitido el 14 de junio de 2011, que autorizaba la reapertura de esos prostíbulos.
Al mismo tiempo señala que ahora la juez federal de Río Gallegos, Ana Cecilia Alvarez, deberá remitir un oficio al intendente Raúl Cantín quien, dicho sea de paso, en su campaña electoral se mostraba proclive al funcionamiento de esos burdeles.
Se recuerda además que el recurso del fiscal Arranz fue avalado por la Fundación “La Alameda” y otros organismos de Derechos Humanos, pero la Cámara de Apelaciones de Chubut argumentó que no estaba comprobado el delito de trata de personas,  ni que existiera proxenetismo en “Las Casitas” que fueron clausuradas el 6 de junio de 2009 por  orden de la juez federal subrogante de Río Gallegos,  Ana Cecilia Alvarez, la cual hace menos de dos semanas recibió la notificación emitida por la Cámara Nacional de Casación.
INDIGNACION
El fallo de los camaristas nacionales generó la inmediata reacción de funcionarios provinciales como Norma Cabas, directora de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de la Mujer, quien en declaraciones formuladas ayer al programa radial “En una hora”, que se emite por la FM Tiempo, manifestó su total desacuerdo con la reapertura.
Al mismo tiempo confirmó que junto a la titular de ese organismo, Rosana Totino, pediría una urgente reunión con el intendente Cantín para abordar el tema.
Cabas expresó que no entendía algunas cuestiones de la Justicia, “que dice no hay proxenetismo ni  trata de personas, pero luego habilita estos lugares que están prohibidos en Argentina hace muchísimos años”.
“Hay una ignorancia tremenda sobre la ley de profilaxis y no tienen en cuenta el artículo 17 de la ley”, afirmó.
Por su parte OPI Santa Cruz destaca que el punto más crítico en el que se cimentan las denuncias es que estos prostíbulos constituyen un foco de delincuencia en la trata de personas y tráfico de drogas. Sin embargo -agrega-, a pesar de los casos que se han denunciado ante la justicia, no hay ningún detenido en esta provincia.
Además recuerda que Susana Trimarco estuvo en varias oportunidades en Río Gallegos, buscando a su hija Marita Verón, asegurando que la chica estuvo en la capital santacruceña secuestrada por sus captores que la obligaron a prostituirse.
A pesar de los esfuerzos y allanamientos que produjeron sus denuncias y las pistas seguidas por los investigadores, no se pudo probar la existencia de la joven desaparecida.

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