El juicio político a Alejandro Panizzi puso al descubierto los males que aquejan al Poder Judicial de la provincia de Chubut. En la Legislatura se pudieron escuchar voces con diferentes sentidos, en todos y en cada uno de ellos la fuerte crítica al Superior Tribunal, máxima instancia del Poder al cual la sociedad le deposita la confianza suficiente para juzgar y poner los hechos en el debido lugar.
Transcurren días de incertidumbre y definiciones que tendrán como película de suspenso un final incierto. Mientras tanto la historia escribe el destino de Panizzi.
Los diputados encargados de llevar adelante las acusaciones, especialmente   Risso y Argentina Martínez, fueron contundentes. Expusieron con toda crudeza incumplimientos de los deberes de un funcionario público, acoso laboral entre agresiones y despechos. Cuestiones inconcebibles en cualquier ámbito, pero mucho más cuando se trata de la Justicia.
Pero no hay que perder de vista que este proceso, junto con la palabra “juicio”, tiene el término “político”. Porque en él se deciden cuestiones que van más allá de la inequívoca carga de la prueba. Cuestiones que tienen que ver, en gran medida, con el mensaje que se le da al conjunto de la comunidad chubutense.
Un mensaje que debe ser leído como tal, ya que se está atravesando un momento en el que la labor del Poder Judicial de la provincia está seriamente cuestionada a raíz de resoluciones y comportamientos que abarcan a todas sus instancias. Incluyendo, por supuesto, al Superior Tribunal de Justicia que en las últimas semanas se despachó con hechos cuestionables como las demoras en notificar la suspensión de la matrícula de un abogado que como conjuez sigue firmando embargos contra la Provincia.
Esta es una de las lecturas que deberían hacer los diputados responsables de decidir. No sólo la de cómo quedarán las cosas en el seno del Superior Tribunal.
¿Por qué un funcionario como Panizzi se aferra a su silla ocasionando una crisis? ¿No se da cuenta de que el solo hecho de que se haya cuestionado consistentemente su conducta ya significó un conflicto para el Estado? ¿Qué pasaría si se decidiera restituir a un Panizzi claramente enfrentado con sus pares? ¿Cómo afecta cualquiera de estas cosas a todos los chubutenses?
Responder esos cuestionamientos está ahora en manos de la política. El mensaje debe ser claro, nadie quiere la frase “aquí no ha pasado nada”. La comunidad no puede perder la fe. Ninguno de los poderes que contienen la democracia, llevando adelante luchas internas, pueden derrochar mezquindad y arrogancia sin importarles nada ni nadie. Eso no debe ocurrir porque la arrogancia política no conjuga con justicia.
Pero además parece un accionar con tacañerías e incomprensibles posturas de algunos diputados provinciales. También la tibieza de legisladores como Trotta, Anselmo Montes y Oscar Petersen. Todos ellos parecieran estar especulando con la resolución final, sacando cálculos, quizás de conveniencia.
La sociedad entera solicita, quiere, necesita justicia. Es un reclamo presente en cada momento de la vida cotidiana de cada habitante de esta provincia.
Lógicamente que darle una respuesta no es sólo tarea de los jueces, sino también de la clase política.