El juez Jorge Odorisio accedió ayer a la prisión domiciliaria por 15 días para diez internos que estaban en condiciones de acceder a beneficios, y la reubicación de otros tres presos que se encontraban con prisión preventiva.

Matías Leandro Panquilef, Leonardo Guichapani, Jonathan Millaneri, David Jesús Ahmed, Miguel Ángel Baeza, Eduardo Mesas, Carlos Fabián Navarro, Carlos Ramos, Diego Armando Jara y José Perán, condenados por robos agravados y alojados en el Pabellón 5 de la Alcaidía Policial, accedieron al pedido hecho a través de un habeas corpus correctivo, a partir de las condiciones de detención en las que se encontraban.

Mientras, David Celestino Pacheco y Julio Cesar Montiveros -detenidos por robarle el arma y dispararle a un policía-; y César Hueica –imputado por el linchamiento en la Fracción 14- no accedieron a la domiciliaria y fueron reubicados hasta que finalicen los trabajos en las calderas del pabellón.

MUCHO FRIO

Desde la semana pasada, la Oficina de Privados de la Libertad de la Defensa Pública, a cargo de Lucía Pettinari, venía acompañando el pedido de los internos del pabellón de “Conducta”, tal como denominan a los detenidos en el Pabellón 5.

Los internos habían elaborado habeas corpus de su puño y letra, dando cuenta de la situación que atravesaban con los días fríos y sin calefacción y con algunos vidrios rotos. Las autoridades los reubicaron en principio en la sala de visitas, pero allí había ratas y el reclamo se reavivó. Ese lugar es el que se utiliza para las visitas “íntimas”.

Desde la Defensa Pública, informaron que los primeros habeas corpus habían sido rechazados en primera instancia la semana pasada porque se estaban realizando las gestiones para reparar la caldera y que se iban a buscar alternativas para calefaccionar el pabellón.

Colocaron un sistema de calefacción que no podía ser dejado prendido por las noches en lugares cerrados, por lo que los presos no podían ser protegidos de las bajas temperaturas del pabellón, sumado a que varios de ellos padecen alguna enfermedad.

Las condiciones cambiaron cuando desde la Defensa Pública se enteraron de que nada se podía hacer por parte de las autoridades de Políticas Penitenciarias de la Provincia y por eso la defensora Pettinari volvió a insistir ante el juez de turno, Jorge Odorisio.

“No tiene otra posibilidad el juez que a varios de ellos darle arresto domiciliario. Hubo tres casos de los que no acompañó el Ministerio Público Fiscal. Históricamente nos opusimos, por eso en este caso se acotó, o acompañamos la posibilidad de que sean reubicados; o en arresto domiciliario personas que estaban en condiciones de acceder a un beneficio de salida o que estaban a punto de cumplir su pena. En definitiva el juez se ve forzado a tomar estas decisiones porque no tiene más alternativa. Tendrá que tomar cartas en el asunto el organismo correspondiente, que no es el Poder Judicial para poner remedio a la serie de situaciones”.

“No es un hecho novedoso. A lo largo de los últimos años se tramitaron varios habeas corpus correctivos. Los problemas son relativos al deterioro de las condiciones de alojamiento, la falta de espacio y de espacios adecuados, la insuficiencia de servicios, que terminan poniendo en jaque el sistema” dijo el jefe de Fiscales, Juan Carlos Caperochipi.