Seis víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos recibieron el 7 de julio pasado el pedido de perdón por parte del papa Francisco quien, en su carácter de autoridad máxima de la Iglesia Católica y, en un hecho inédito, calificó los hechos no sólo como “pecados” sino como “crímenes graves”.
El pedido de perdón se hizo en el Vaticano, durante una misa celebrada por el propio pontífice, a la que asistieron dos británicos, dos alemanes y dos irlandeses, que fueron en su infancia víctimas de hechos aberrantes.
“Ante Dios y su pueblo expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes y humildemente pido perdón”, dijo Francisco durante la misa que celebró en la Capilla Santa Marta del Vaticano.
El mensaje resonó en todo el mundo por la intensidad de sus palabras, a pocos meses de un informe del Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas (ONU) que instó a la Santa Sede a abrir los archivos para colaborar con la justicia.
Si bien el Vaticano rechazó esa presentación, el papa señaló: “no hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos”.
Y se comprometió “a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie, independientemente de su estado clerical”.
En línea con esa decisión nombró una comisión de Protección de Menores, para que colaborara con la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), organismo de la Iglesia encargado de procesar las denuncias.
Desde Roma, el sacerdote argentino Humberto Miguel Yáñez Molina dijo a Télam -en su carácter de integrante de la flamante comisión- que “por parte de las autoridades eclesiásticas existe la obligación moral de colaborar con las autoridades civiles en lo que toca a la infracción de cualquier ley que custodie el bien común de la sociedad”.
Con esta respuesta, el sacerdote mendocino se refirió “en particular a los abusos contra niños o adultos vulnerables” y sostuvo que en estos casos “no bastaría una sanción canónica, porque el sacerdote es también un ciudadano, y por tanto, está sujeto a la ley civil”.
Nora Schulman, directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional del Niño (CASACIDN) dijo a Télam que hasta ahora “la Iglesia, a través de sus autoridades, nunca colaboró con la Justicia”.
La entidad que conduce actuó como querellante en la causa que condenó a Julio César Grassi a 15 años de prisión, por cometer abusos sexuales contra un niño de la institución que él dirigía.
repudio
“Si hay sacerdotes purgando condenas se debe a las víctimas que han sacado a la luz estos hechos”, sostuvo Schulman, quien recordó que “en el expediente de la causa Grassi sólo un simple cura, responsable de otro hogar de niños, se presentó como testigo para ayudar a la justicia a dilucidar la verdad”.
Desde una posición crítica, Jorge Llistosella, autor del libro “Abusos Sexuales en la Iglesia Católica”, señaló que “el desafío es desmantelar la forma en que la institución ha estructurado los abusos sexuales históricamente”.
“La cuestión pasa por encuadrar los abusos como delitos y no como pecados, porque si eso último ocurre la Iglesia Católica termina protegiendo a sus ministros a través de una justicia local; en ocasiones los separa de sus funciones, pero mantiene el silencio”, indicó.
“Si bien las cifras son dudosas -porque si algo caracteriza a los llamados delitos de acción privada es la dificultad para que las víctimas hagan las denuncias-, se estima que en los últimos 50 años, los casos de abuso a menores a nivel mundial (con religiosos implicados) ascienden a 9.000”, precisó Llistosella.
Hasta mediados de 2010, la Iglesia Católica de Estados Unidos “había gastado más de 2.500 millones de dólares para evitar procesos judiciales o frenar los ya iniciados contra sus miembros por abusos sexuales construyendo así un espacio de silencio cómplice”, sostuvo el investigador.
En Argentina, los abusos sexuales a niños por parte de sacerdotes “llegan al menos a 32”, precisó el autor del libro que refleja en detalle la problemática a nivel local y mundial.
Francisco volvió a pronunciarse sobre la cuestión hace pocos días, al estallar el escándalo en la arquidiócesis de Granada, España, desde donde un joven le escribió una carta denunciando a tres sacerdotes.
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, cuestionado por encubrir el caso hasta que Jorge Bergoglio se implicó personalmente, será sometido ahora a una investigación.