Posse tendrá que dar explicaciones por el funcionamiento de Tribilín

El Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes para que el intendente de San Isidro informe sobre el jardín maternal.

El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó el miércoles un pedido de informes para que el intendente Gustavo Posse brinde datos a ese cuerpo sobre el funcionamiento del jardín de infantes “Tribilín” y poder determinar así eventuales responsabilidades ante los casos de maltrato a niños.
Durante una sesión prolongada del Concejo ocurrieron incidentes con forcejeos y golpes en el ingreso al recinto, cuando no se dejó entrar a los padres de los niños maltratados ni a legisladores nacionales a presenciar el debate. “No pudimos entrar al Concejo porque estaba lleno de gente, fue algo muy raro. ¿Quién era más importante que estuviera que los padres de las criaturas que sufrieron el padecimiento?”, se preguntó Hernán Juárez, padre de uno de los niños que asistían al jardín materna.
“El intendente Posse puso barrabravas, aparentemente del club Tigre, en la puerta del Concejo Deliberante para impedir que los padres de las víctimas y toda persona ajena a la casa pueda ingresar a presenciar la sesión”, dijo a la diputada nacional del FpV, María Teresa García. Los padres habían concurrido al edificio municipal de la calle 25 de Mayo, en el centro de San Isidro, junto a sus abogados para escuchar la sesión y respaldar la solicitud del pedido de informes pero debieron escuchar el debate desde afuera del recinto.
“Queremos lograr que el intendente Gustavo Posse ponga a disposición de la comunidad toda la información para esclarecer cómo figuraba para el municipio el jardín Tribilín”, dijo Leandro Martín, concejal del Frente para la Victoria (FPV) que impulsa la iniciativa.
El pedido de informes que presentó Leandro Martín junto a otros tres ediles (del FAP, un vecinalista, y un independiente), surge de haber detectado en el expediente 11012-B98, que el lugar fue habilitado para funcionar como jardín maternal “con capacidad para 32 alumnos”, sostuvo Martín. Tras la habilitación municipal el jardín, ubicado en O’Higgins 591, “fue eximido de pagar el ABL pero nunca la comuna le requirió la documentación provincial, cosa que debe ocurrir al tratarse de un establecimiento educativo”, aseguró Martín.
La sesión comenzó poco después de las 12 en una sala colmada de gente, donde hubo forcejeos en varias oportunidades mientras el grupo de unos seis padres y sus dos abogados permanecieron en el hall del edificio. La causa se encuentra en un período de producción de prueba y que a pesar de las graves acusaciones por amenazas y de maltrato de chicos, hasta ahora no hay ninguna persona detenida.
El fiscal de la causa, Franco Servidio, pidió la prisión contra cinco docentes del jardín por el delito de abandono de persona agravado, pero el juez Sal Lari rechazó el pedido.

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