“La preocupación es que este Presidente puede firmar cualquier cosa”, resumió el excombatiente e integrante del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, Ernesto Alonso, a propósito de la cadena nacional anunciada por el gobierno en la que, este jueves, Javier Milei se referirá a las islas.

El hecho encendió la alarma entre los excombatientes porque no es la primera vez que el Ejecutivo se refiere al tema. Sumado a esto, las recientes declaraciones de Donald Trump respecto del reclamo soberano de Argentina supone, a priori, un cambio histórico en la posición de Estados Unidos.

“Lo estamos analizando con muchísima preocupación porque, históricamente, esta posición de cierta neutralidad que tiene Estados Unidos es una posición que siempre se inclinó para el lado de Gran Bretaña”, advirtió el excombatiente en Radio 750. “Ni que hablar de lo que sucedió en 1982 cuando, lamentablemente, la dictadura toma esa decisión a partir de que había cierto aval de Estados Unidos que supuestamente no iba a intervenir y, finalmente, intervinieron para el lado de los británicos en cuestiones de armamento, etcétera”, continuó.

Lo cierto es que Trump no hizo promesas, si no que apenas dijo, tras ser consultado por un periodista en el Salón Oval, que “siempre revisa cada posición” y que la de Malvinas es “solo una de muchas”.

La respuesta del magnate inmobiliario (que generó alarmas también en Londres) se inscribe además en una estrategia de presión que el republicano suele utilizar, esta vez con el objetivo de que el Reino Unido incremente su gasto militar en la OTAN.

EXPLOTACION DEL PETROLEO

Más allá del conflicto internacional, desde el CECIM La Plata presentaron conjuntamente con abogados ambientalistas un recurso de amparo para frenar la explotación del petróleo alrededor de las islas, una carrera a contrarreloj dado que el usufructo tiene fecha de inicio en 2027.

“Para la explotación de ese petróleo necesitan un punto logístico en nuestra área continental y todos saben que hay mucha presión de Estados Unidos para instalar una base militar en Ushuaia que responda al Comando Sur”, advirtió Alonso.

La medida judicial se presentó en el Juzgado Federal de Río Grande bajo el argumento del daño ambiental que podrían producir las perforaciones y extracción del crudo y, por otro lado, como reclamo soberanista por los trabajos de infraestructura que, sin autorización de la República Argentina, comenzaron las empresas extranjeras Navitas y la Rockhopper.

“Vamos a tener una audiencia con la jueza para explicar conjuntamente, con el equipo legal del CECIM y los abogados ambientalistas, que no se trata de transferirle la responsabilidad por el tema de la soberanía, pero sí pedirle que aplique la ley argentina, la Constitución Nacional, en contra de empresas privadas que están intentando extraer recursos naturales que están en nuestro territorio y pertenecen a los 48 millones de argentinos”, concluyó.