Presentan proyecto para que no se otorgue la probation en delitos de corrupción
Lo presentó ayer en la Legislatura. Es a partir de la reforma del artículo Nº 49 de la Ley XV Nº 9 del Código Procesal Penal chubutense. Se aplica en delitos vinculados a la corrupción donde estén involucrados funcionarios públicos como ciudadanos particulares.

El presidente del Bloque Cambiemos, Eduardo Conde, presentó ayer un proyecto de ley para reformar el artículo Nº49 de la Ley XV Nº9 del Código Procesal Penal chubutense. El Código Penal nacional permite que las provincias tengan independencia a la hora de aplicar el beneficio.

La iniciativa propone incorporar dentro del Código Procesal Penal de la provincia un párrafo en el artículo Nº49 que se refiere al instituto de la suspensión del juicio a prueba. El artículo Nº76 del Código Penal de Nación, con la última reforma, expresa que lo relativo a la implementación del instituto de la probation dependerá del criterio que aplique los tribunales provinciales a través de sus Códigos Procesales.

A partir de esta normativa, Conde agregó un párrafo en el Artículo Nº49 donde señala que no se procederá al instituto en el caso de delitos contra la corrupción política, tanto en la conducta de los funcionarios públicos como en particulares.

“El nuevo régimen establece en consecuencia que el instituto de la suspensión del juicio a prueba, al importar un criterio de oportunidad dentro del proceso penal, queda sujeto a las leyes procesales, posibilitando que en cada jurisdicción provincial se adopten criterios propios en orden a su regulación. De esta manera serán los códigos procesales provinciales los que establecerán los criterios de aplicación del instituto de marras”, señala el diputado.

PROHIBICION

De esta manera propone “la incorporación en el Art. Nº 49 de nuestro Código Procesal Penal, del párrafo que prohíba la aplicación del instituto, en aquellos delitos vinculados con la corrupción política, con alcance general, tanto respecto de los funcionarios públicos involucrados como asimismo de los particulares que participen de la maniobra delictiva”.

En este sentido argumenta que “el flagelo de la corrupción política debe ser castigado con todas las herramientas del sistema represivo. Ello por cuanto tamaño comportamiento en cabeza de funcionarios públicos y particulares asociados a estos delitos, ofenden profundamente la fe pública y provocan daños cuantiosos al Estado en detrimento del sistema de gobierno y del progreso y bienestar de nuestra sociedad. Atacan uno de los bienes más preciados de la civilidad: la moral pública”.

“Artículo 49. -Petición. Oportunidad. Trámite. Resolución. Cuando la ley penal permita la suspensión de la persecución penal, el imputado o su defensor podrán requerirla hasta el inicio del debate. La petición será tratada con intervención de las partes; si el ofendido no participare o no estuviere representado en el procedimiento, la audiencia se suspenderá para permitir su citación.

Concluido el tratamiento de la cuestión, el juez dictará la decisión interlocutoria sobre la suspensión del juicio. En caso de conceder la suspensión, la parte resolutiva de la decisión fijará el plazo de prueba y establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado; en el caso contrario, rechazará explícitamente la suspensión y ordenará la continuación del proceso.

Ante la oposición de la víctima, si el juez concede la suspensión del juicio a prueba, en la resolución y en forma fundada deberá expresar los motivos que tuvo en cuenta para desestimar dicha oposición.

No se admitirá la aplicación del instituto en aquellos delitos vinculados con la corrupción política, sin que corresponda en el caso hacer distinción alguna entre funcionarios públicos y particulares”.