Presidencia niega los registros de Olivos

El Gobierno no quiso dar a conocer el registro de ingresos de personas a la Quinta de Olivos, información pública solicitada por la ONG Poder Ciudadano, que se dedica a temas de transparencia y gobierno abierto. Si bien desde el Ejecutivo aludieron a "cuestiones de seguridad" para evitar hacer público el listado de visitas, no respondieron lo mismo cuando se trató de las gestiones anteriores y entregaron los registros sin inconvenientes. "No entendemos este cambio de decisión", cuestionó Pablo Secchi, director de la organización.

“El gobierno actual que nos entregó en 2016 todos los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante el gobierno kirchnerista, ahora se niega a entregar los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante la gestión de Macri”, denunciaron desde la cuenta de Twitter de Poder Ciudadano. El pedido de acceso a la información pública fue denegado por la Secretaria General de Presidencia por considerar que se trataba de información sensible que podría poner en riesgo la seguridad del Presidente y su familia.

“Buscamos saber quién entra a la Quinta de Olivos porque allí se manejan temas de lobby e intereses. Es un ejercicio de acceso a la información pública”, le dijo Secchi a Página/12, que denunció el cambio de actitud del Gobierno desde el pedido anterior.

En 2016, Poder Ciudadano solicitó el registro de los ingresos a la quinta presidencial durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, información que fue brindada sin inconvenientes. De hecho, desde la ONG aseguraron que esa información fue útil para contrastar datos surgidos de las denuncias por hechos de corrupción en la llamada Causa de los Cuadernos.

Según Secchi, el nuevo pedido de información pública contemplaba que se tachen los datos relativos a los ingresos y salidas de los integrantes de la familia presidencial y que podían considerarse “sensibles”. Lo que realmente le interesaba a la organización, remarcó el director, son las visitas de empresarios, ministros y cualquier otra persona que pueda representar algún interés.

“Nosotros cruzamos los registros con la información de actas y otras agendas. Es raro el cambio de actitud con respecto al pedido que hicimos en 2016. En general no tenemos problema con el acceso a información pública a nivel nacional, el problema se da cuando preguntás cosas sensibles”, dijo por último Secchi, que agregó que la ONG elevará el pedido a la Agencia de Acceso a la Información Pública y luego a la Justicia, si la respuesta llegara a ser negativa.

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