El escándalo de las estafas con las adjudicaciones truchas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Comodoro Rivadavia tuvo un giro inesperado. Cuatro de los imputados lograron la suspensión del juicio a prueba, más conocida como probation, al acordar con el fiscal Héctor Iturrioz el pago de más de tres millones de pesos en concepto de reparación a las víctimas.

Otras dos personas también accedieron a la probation pero con el cumplimiento de horas comunitarias en un merendero. El juez Miguel Caviglia homologó los acuerdos y les impuso condiciones de conducta.

Los beneficiados con la probation son Griselda Jonás, Mayra Monsalve, Exequiel Manuel Villagra y Viviana Millaquén, quienes formaban parte del grupo acusado de vender adjudicaciones truchas de viviendas sociales a vecinos de Comodoro Rivadavia. Según la investigación, pedían hasta 300 mil pesos a cambio de eludir los trámites necesarios para obtener una casa del IPV. Hay al menos 227 damnificados que denunciaron el engaño.

Jonás deberá pagar 2.100.000 pesos en 14 cuotas iguales y consecutivas de 150.000 pesos desde mayo. Además resignará el dinero secuestrado en el vehículo que estaba en su domicilio.

Monsalve hará tareas comunitarias en el merendero Los Pekes del barrio Restinga Allí durante tres meses, cuatro horas por la mañana de lunes a viernes; Villagra abonará 800.000 pesos en tres cuotas de 271.200 pesos divididas en 12 damnificados; y Millaquén cumplirá con 240 horas de trabajo comunitario en el merendero Los Pekes.

Los otros dos imputados que lograron la probation son María José Gómez y Juan Carlos Gómez, quienes también deberán hacer tareas comunitarias en el mismo merendero que Monsalve y Millaquén.

El resto de los acusados enfrentará un juicio oral y público por el delito de estafa reiterada en concurso real con asociación ilícita. Entre ellos se encuentran los supuestos cabecillas de la organización, Carlos Alberto Gómez y María Cristina Gómez, quienes permanecen detenidos desde el año pasado.

El fiscal Iturrioz explicó que aceptó la probation para los cuatro imputados que pagaron reparaciones porque consideró que era una forma de resarcir a las víctimas y evitar un proceso judicial más largo y complejo. Sin embargo, aclaró que no todos los damnificados aceptaron el acuerdo y que algunos prefieren seguir adelante con el juicio.

La causa por las estafas con las adjudicaciones truchas del IPV se inició en 2019, cuando una mujer denunció que le habían cobrado 300 mil pesos por una casa que nunca le entregaron. A partir de ahí, se descubrió una red que operaba con documentos falsos y contactos dentro del organismo provincial. El caso generó indignación y movilización social en Comodoro Rivadavia, donde hay un déficit habitacional crónico.