Protección integral de derechos, el hilo más delgado en términos presupuestarios
La audiencia pública del presupuesto municipal 2017 contuvo desde los expositores inscriptos para opinar, el de referentes vinculados a la protección de derechos del niño y el de cooperativas de trabajo. Ambos tuvieron como común denominador la preocupación por la contención social durante el año próximo, tanto por la baja incidencia presupuestaria que el tema tiene desde Provincia, como por la demanda creciente que registra el municipio, y que prevén seguirá creciendo el año próximo.
Como resulta de rigor, la audiencia se habilitó con las precisiones técnicas del presupuesto municipal, a cargo del secretario de Hacienda, German Issa Pfister, que apoyó su exposición con una proyección que mostró en gráficos la composición de los recursos y del gasto, así como la comparación con cada ítem sobre el presupuesto en curso.
Explicó en líneas generales que las previsiones contemplan valores muy similares a los de 2016, con un incremento importante en obra pública basado en los fondos de afectación específica (petroleros y endeudamiento provincial), mientras que hay rubros que tienen un incremento indefectible, como el caso de los gastos de personal, donde debe contemplarse la paritaria.
Explicó además que de un presupuesto de 3.217 millones para 2017, 3.112 son ingresos y 104 saldos pasantes del año en curso, por lo que en comparación con este ejercicio los egresos aumentan de 2.480 millones a 3.217, lo que es casi el 30%, pero los ingresos crecen casi un 40%.
En este contexto, los recursos principales son los propios, con un 62%, mientras que la coparticipación impacta con un 8% y con el 12% las regalías.
En cuanto al gasto, Obras Públicas centraliza el mayor presupuesto con un 44%, seguido de la Secretaría de Gobierno con un 13% y el 6% para Desarrollo humano y Familia, que son las tres de mayor incidencia.
"También hay gastos que la municipalidad no tiene por qué ejecutar, pero de todas maneras lo hace, y destinamos 50 millones a la Secretaría de Seguridad, y 55 a Salud", destacó antes de habilitar el espacio de oradores y las consultas que pudieran plantearse.
LAS CRITICAS
Liliana Murgas, referente del Servicio de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, planteó que no se hable con frecuencia de políticas de niñez, un eje que consideró "minimizado y descalificado", aunque admitiendo que la gestión "recibió un servicio de protección en llamas".
No obstante, dejó sentado que el área no registró un crecimiento acorde al de la ciudad, que con sus más de 60 barrios mantiene los mismos 14 CPB y jardines maternales, "que son espacios de promoción y prevención espectaculares, pero seguimos teniendo los mismos".
Marcó además la necesidad de fortalecer los equipos técnicos y de profesionales con capacitación, planteando que el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia (CONAF) debería ser un espacio vinculante para poder colaborar con el diseño y la desagregación presupuestaria, priorizando el tema.
También como referente del CONAF, Ana del Carmen Vidal Gallardo señaló que hay un buen trabajo municipal desde las áreas de Cultura y Deportes, pero se requiere mayor presupuesto y articulación, además de la capacitación de talleristas y profesores para que tengan los perfiles adecuados y salarios dignos.
Llamó la atención además sobre la falta de políticas para tratar adicciones, reclamando que "se han producido muertes de adolescentes pobres, asesinados por otros adolescentes pobres, y no hay presupuesto adecuado para prevenir adicciones cuando hay nenes de 10, 11 años consumiendo", planteando que si bien el bolsón de alimentos es necesario, no se puede destinar todo el presupuesto a ello.
"Provincia se ha desentendido absolutamente de su responsabilidad en las políticas sociales. Tienen que exigirle mayor sensibilidad en estas problemáticas. El Ministerio provincial de Familia tiene el 1,6% del presupuesto, contra el 6% que la municipalidad destina a Desarrollo Humano; esto hay que decirlo y reiteramos la preocupación porque la violencia va a ir creciendo", concluyó.
Marcelo Rey, por su parte, añadió que el área de Protección de Derechos mantiene la misma asignación presupuestaria provincial desde hace 9 años.
Roberto del Carmen Llaiquel, desde el Grupo Pro Derechos de los Niños, expuso que el contexto nacional se orienta hacia el achicamiento del Estado y del gasto público, y que si bien Comodoro "parece una excepción", no deja de ser preocupante la situación del sistema de protección integral de derechos.
"Reclamamos al sector provincial, donde la constante ha sido la falta de decisión política de los funcionarios; necesitamos que en esta crisis presupuestaria empiecen a ver a los más vulnerables" dijo, para solicitar a los concejales que los convoquen para trabajar en políticas sociales.
Explicó en líneas generales que las previsiones contemplan valores muy similares a los de 2016, con un incremento importante en obra pública basado en los fondos de afectación específica (petroleros y endeudamiento provincial), mientras que hay rubros que tienen un incremento indefectible, como el caso de los gastos de personal, donde debe contemplarse la paritaria.
Explicó además que de un presupuesto de 3.217 millones para 2017, 3.112 son ingresos y 104 saldos pasantes del año en curso, por lo que en comparación con este ejercicio los egresos aumentan de 2.480 millones a 3.217, lo que es casi el 30%, pero los ingresos crecen casi un 40%.
En este contexto, los recursos principales son los propios, con un 62%, mientras que la coparticipación impacta con un 8% y con el 12% las regalías.
En cuanto al gasto, Obras Públicas centraliza el mayor presupuesto con un 44%, seguido de la Secretaría de Gobierno con un 13% y el 6% para Desarrollo humano y Familia, que son las tres de mayor incidencia.
"También hay gastos que la municipalidad no tiene por qué ejecutar, pero de todas maneras lo hace, y destinamos 50 millones a la Secretaría de Seguridad, y 55 a Salud", destacó antes de habilitar el espacio de oradores y las consultas que pudieran plantearse.
LAS CRITICAS
Liliana Murgas, referente del Servicio de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, planteó que no se hable con frecuencia de políticas de niñez, un eje que consideró "minimizado y descalificado", aunque admitiendo que la gestión "recibió un servicio de protección en llamas".
No obstante, dejó sentado que el área no registró un crecimiento acorde al de la ciudad, que con sus más de 60 barrios mantiene los mismos 14 CPB y jardines maternales, "que son espacios de promoción y prevención espectaculares, pero seguimos teniendo los mismos".
Marcó además la necesidad de fortalecer los equipos técnicos y de profesionales con capacitación, planteando que el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia (CONAF) debería ser un espacio vinculante para poder colaborar con el diseño y la desagregación presupuestaria, priorizando el tema.
También como referente del CONAF, Ana del Carmen Vidal Gallardo señaló que hay un buen trabajo municipal desde las áreas de Cultura y Deportes, pero se requiere mayor presupuesto y articulación, además de la capacitación de talleristas y profesores para que tengan los perfiles adecuados y salarios dignos.
Llamó la atención además sobre la falta de políticas para tratar adicciones, reclamando que "se han producido muertes de adolescentes pobres, asesinados por otros adolescentes pobres, y no hay presupuesto adecuado para prevenir adicciones cuando hay nenes de 10, 11 años consumiendo", planteando que si bien el bolsón de alimentos es necesario, no se puede destinar todo el presupuesto a ello.
"Provincia se ha desentendido absolutamente de su responsabilidad en las políticas sociales. Tienen que exigirle mayor sensibilidad en estas problemáticas. El Ministerio provincial de Familia tiene el 1,6% del presupuesto, contra el 6% que la municipalidad destina a Desarrollo Humano; esto hay que decirlo y reiteramos la preocupación porque la violencia va a ir creciendo", concluyó.
Marcelo Rey, por su parte, añadió que el área de Protección de Derechos mantiene la misma asignación presupuestaria provincial desde hace 9 años.
Roberto del Carmen Llaiquel, desde el Grupo Pro Derechos de los Niños, expuso que el contexto nacional se orienta hacia el achicamiento del Estado y del gasto público, y que si bien Comodoro "parece una excepción", no deja de ser preocupante la situación del sistema de protección integral de derechos.
"Reclamamos al sector provincial, donde la constante ha sido la falta de decisión política de los funcionarios; necesitamos que en esta crisis presupuestaria empiecen a ver a los más vulnerables" dijo, para solicitar a los concejales que los convoquen para trabajar en políticas sociales.