Provincia adeuda cuatro meses a cooperativa de limpieza de escuelas

Casi una treintena de vecinos de esta ciudad que conforman la Cooperativa de Trabajo 17 de Octubre protagonizaron a mediodía de ayer una protesta en la plazoleta del Gorosito, para reclamar públicamente el pago de cuatro meses de haberes que les adeuda el gobierno provincial a través de una cuenta que depende del Consejo de Educación.

Caleta Olivia (agencia)

Los trabajadores, tanto varones como mujeres, desempeñan tareas de limpieza en cuatro establecimientos educativos de esta ciudad y decidieron salir a la calle apremiados  por la falta de sustento económico para sus hogares y fastidiados por vanas promesas de funcionarios.
La indignación cobró mayor vigencia cuando -según sus dichos-, desde Río Gallegos, un coordinador de cooperativas de apellido López les informó que el expediente de esta cooperativa se había extraviado y que tal circunstancia era el motivo de la falta de pago.
Sin embargo, los atrasos en el pago de las certificaciones que conforman los sueldos de estas personas han sido una constante en el curso de 2012 y lamentablemente parece que nada ha cambiado, al menos para los trabajadores cooperativistas que residen en localidades distanciadas de la capital provincial.

DESAFECTADOS POR
COMER CHORIPANES
Otra situación ríspida se produjo en el seno de la cooperativa de barrido y limpieza de calles Karkén ya que el municipio -del cual depende- habría desafectado laboralmente a 14 de sus integrantes supuestamente por haber acudido el fin de semana a comer choripanes a la Unidad Básica Santa Cruz Somos Todos que es un reducto afín el gobernador Daniel Peralta.
La denuncia pública fue realizada el lunes en una rueda de prensa a la cual solo se invitó a pocos medios periodísticos y la vocero fue la polémica ex dirigente barrial Rosa Saihueque, quien hace pocos meses fuera desafectada de los cuadros políticos del intendente José Córdoba.
Saihuque afirmó que el municipio, a través del secretario de Acción Social, Javier Aybar, les comunicó sobre la decisión del Departamento Ejecutivo por lo cual, según señala el portal digital Voces y Apuntes, “ahora le pedimos al intendente que revea esta situación porque  no son tiempos fáciles y no se puede dejar gente en la calle”
La mujer también aseguró que este tipo de persecuciones viene desde noviembre del año pasado y reveló que en su momento varios de los trabajadores cesanteados recibían un subsidio mensual de 1.840 pesos, e incluso apoyaron la campaña proselitista de Córdoba.

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