Al mismo tiempo advirtió que avanzará con medidas legales y administrativas si la firma no cumple de manera inmediata e íntegra con las obligaciones asumidas en materia laboral, contractual y de inversión.

La definición surgió tras una reunión encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata, en la que se ratificó una posición “firme e irrevocable” del Ejecutivo provincial ante la situación planteada con la empresa.

Desde la Provincia remarcaron que el traspaso de trabajadores de AESA a Patagonia Resources “constituye una obligación jurídica exigible”, asumida por la empresa en acuerdos celebrados con el Gobierno y los gremios petroleros.

En ese marco, sostuvieron que el incumplimiento “no es una opción”.

Asimismo, se advirtió que si la compañía persiste en esta conducta, avanzará “sin dilación” en la reversión del acuerdo firmado y en la quita del área concesionada, haciendo uso de todas las facultades previstas en el marco legal vigente.

Otro de los puntos planteados fue la exigencia formal a Patagonia Resources para que presente de manera urgente un plan de levantamiento de equipos y puesta en funcionamiento de perforadores ante las autoridades provinciales y los gremios del sector.

En ese sentido, desde la administración provincial se señaló que la agenda energética de Santa Cruz tiene como ejes centrales la generación genuina de empleo, la reactivación productiva y el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos por las empresas concesionarias.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo, notificó formalmente tanto a Patagonia Resources como a AESA sobre la instrucción de un sumario administrativo por presunta obstrucción al proceso de conciliación obligatoria y violación a la paz social.

Según se informó, ambas conductas son consideradas infracciones graves al ordenamiento jurídico laboral y podrían derivar en la aplicación de las sanciones más severas contempladas en la normativa vigente.