Provincia y municipio firmaron acuerdo para ordenamiento territorial en Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de Río Gallegos buscarán planificar la urbanización de esta ciudad, a través de las asistencias técnicas provinciales. Algo similar hará la Provincia en otras ciudades del interior. El acuerdo se realizó en medio del conflicto con las familias que usurparon propiedades fiscales en la capital santacruceña.

Río Gallegos (Agencia)
Además, en los próximos meses se irán firmando protocolos adicionales entre el Ejecutivo santacruceño y el municipio de la capital provincial para avanzar en el planeamiento urbano, teniendo en cuenta las responsabilidades de cada jurisdicción.
Justamente, las autoridades aclararon ayer que el desarrollo urbano de las localidades, por Constitución Provincial, es responsabilidad de los municipios, en tanto que los sectores de la periferia de las localidades y sus límites es responsabilidad de la Provincia.
El acta-acuerdo fue firmada por la subsecretaria de Planeamiento, Silvina Córdoba, y el intendente capitalino Héctor Roquel, y refrendada por el ministro Secretario General de la Gobernación, Gustavo Martínez. También estuvo presente el secretario de Hacienda, a cargo de la cartera de Obras Públicas municipal, Juan Antonio Fernández.
El encuentro fue en las instalaciones del Sistema de Información Territorial, que es una dependencia provincial encargada de elaborar proyectos del Plan Estratégico Territorial Argentina 2016.
El intendente Roquel comentó que este acuerdo marco servirá para una «cooperación recíproca», a través del intercambio de información.
El ministro Martínez, por su parte, anunció que acuerdos similares se harán con las comunas de Puerto San Julián y Las Heras, y que también «se está analizando su implementación en Puerto Santa Cruz y Río Turbio».
USURPADORES  
Y SOLICITUDES
Por otro lado, Roquel se refirió, en declaraciones posteriores a la firma, a la situación de usurpación de un importante sector de vecinos de esta capital, que desde el pasado 26 de diciembre están ocupando terrenos públicos.
Sobre ello, el jefe comunal consideró que el problema «no son esas 200 familias, sino las cuatro mil solicitudes (de terrenos) pendientes».
«Estas 200 familias -continuó- van a ser consideradas en la medida que reúnan los requisitos dentro de todos los postulantes, porque sería muy injusto dejar de atender al vecino que dentro de las normas de procedimiento realizó los trámites».
En cuanto a las distintas opiniones de sectores políticos (como legisladores radicales y de Encuentro Ciudadano, entre otros) que expresaban que la solución a este conflicto llegaría luego de que el Gobierno provincial gestionara la cesión de tierras de propiedad de las Fuerzas Armadas para ser incluidas en el ejido urbano, Roquel fue categórico al decir que «estamos tratando de construir otro tipo de soluciones», y que no quede el tema «atado» a la Armada.
El jefe comunal radical acotó que el municipio, con la colaboración del Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia, está relevando a las familias reclamantes para asistirlas «en sus necesidades esenciales».
Por su lado, Gustavo Martínez señaló que «cuando el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) avanza con sus planes habitacionales, solicita tierras a los municipios. Cuando el Municipio no puede ceder tierras para estos fines, el IDUV empieza a gestionar con los propietarios de las tierras, ya sean Fuerzas Armadas o privados», y reiteró la frase: «gestiona con los propietarios», dando a entender que esto también debería ser llevado adelante por el Municipio local, que es la autoridad competente dentro del ejido urbano.

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