La intervención del Puerto de Ushuaia vuelve a quedar en el centro de la polémica. A casi siete meses de la medida dispuesta por el Gobierno nacional, desde Tierra del Fuego cuestionan la administración de los recursos de la terminal y mantienen abierta una disputa judicial para recuperar su control.

La intervención fue dispuesta el 20 de enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que argumentó la existencia de irregularidades administrativas, financieras y de infraestructura. Desde el gobierno fueguino, en cambio, rechazan esos fundamentos y reclaman por el manejo de recursos que estiman en alrededor de $22.000 millones anuales.

Un informe difundido por C5N volvió a poner el foco sobre el conflicto y planteó interrogantes respecto de las contrataciones realizadas desde la intervención, la situación de los trabajadores y los intereses económicos alrededor de una terminal considerada estratégica.

Un servicio habría pasado de $6,5 millones a $563 millones

Uno de los datos más llamativos difundidos por la investigación periodística está relacionado con el servicio de limpieza del puerto.

Según el informe, una contratación que anteriormente representaba alrededor de $6,5 millones habría pasado a $563 millones en un semestre, lo que supone un incremento superior al 8.500%.

Estas diferencias forman parte de los cuestionamientos sobre la administración de los fondos desde que la terminal quedó bajo control nacional.

Mientras tanto, 140 trabajadores permanecerían desplazados de sus puestos, a la espera de definiciones judiciales.

El periodista fueguino Guillermo Worman aseguró que, cuando se produjo la intervención, Prefectura impidió el ingreso de autoridades provinciales y trabajadores al predio y que únicamente un reducido grupo pudo continuar accediendo a las instalaciones.

Por qué el Puerto de Ushuaia es estratégico

La disputa excede el aspecto económico. El Puerto de Ushuaia ocupa una posición geográfica privilegiada sobre el Canal de Beagle y constituye una de las principales puertas de entrada hacia la Antártida.

Por sus instalaciones transitan alrededor de 700 embarcaciones y unos 250.000 turistas por año, además de concentrar una importante actividad logística y comercial.

Su cercanía con la Antártida y las Islas Malvinas también le otorga una particular relevancia geopolítica en el Atlántico Sur.

Las sospechas por intereses internacionales

El informe también vinculó la controversia con la llegada a Ushuaia de un avión militar estadounidense pocos días después de la intervención, que trasladaba una delegación de congresistas de ese país.

La coincidencia temporal alimentó cuestionamientos políticos y versiones sobre posibles intereses estadounidenses en materia de logística antártica. Sin embargo, la existencia de un acuerdo para otorgar control del puerto a Estados Unidos no está acreditada.

También fueron mencionados posibles intereses privados alrededor de futuros proyectos relacionados con la terminal, aunque esas vinculaciones forman parte de las denuncias y señalamientos políticos y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente comprobados.

El gobierno de Tierra del Fuego continúa recurriendo a la Justicia para intentar recuperar el manejo de una infraestructura considerada central para la economía provincial y estratégica para la presencia argentina en el extremo sur del país.