¿Qué se trató en el Concejo durante el 2014?

El cierre de año dejó un saldo positivo para el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia a raíz de los temas tratados, que fueron desde el acuerdo de aportes entre YPF y la comuna, pasando por la discusión en torno a los servicios públicos y finalizando con la creación de una “tasa verde”.

 El año pasado comenzó con la sesión extraordinaria del 30 de enero en la que se aprobó el convenio entre el municipio e YPF, para dejar sin efecto el litigio por uso industrial del suelo que la comuna venía planteando desde años atrás, a cambio de importantes aportes de la empresa petrolera. 

El acuerdo concretó una serie de ventajas adicionales para la ciudad resolviendo el infructuoso reclamo por 14 años del llamado “VDPIM”; y concluyó con situaciones judiciales pendientes.

En el marco de esta negociación, YPF se comprometió a abonar a la Municipalidad, el equivalente al 1% de las Inversiones de desarrollo hidrocarburífero que realice anualmente dentro de las Concesiones de Explotación de Campamento Central – Cañadón Perdido y Restinga Alí. Dichos fondos son aplicados exclusivamente a obras en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Asimismo YPF acordó construir un gimnasio en la zona norte de la ciudad, concretar obras de mejoramiento en el Club Huergo y nuevo natatorio, especialmente diseñado para los sectores infantil y de la tercer edad.

La empresa petrolera de mayoría nacional, aportará además al municipio tres millones US$ en concepto de contribución a los barrios, dentro de las concesiones de Explotación de Campamento Central –Cañadón Perdido y Restinga Alí.

SERVICIOS PUBLICOS

El año legislativo continuó con el tratamiento permanente de la situación de los servicios de energía eléctrica, agua y cloacas, que se encuentran concesionados a Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL).

Los plenarios de encuentro con los directivos institucionales y operativos del organismo cooperativo fueron intensos en el comienzo del año, y si bien las gestiones y decisiones para la resolución de los déficit son de los más diversos ámbitos, los concejales tomaron a su cargo las más diversas gestiones para sensibilizar a distintos estamentos sobre ello. Tal el caso del sinceramiento que en un principio iba a dar el Gobierno provincial desde la Legislatura con relación a la creación de un fondo de sustentabilidad, que finalmente debió ser establecido por ordenanza municipal, luego de un arduo debate entre los concejales de las distintas bancadas.

La medida reforzó la potestad del legislativo en el control del ente cooperativo, con la creación de un grupo auditor con representación de ediles de todas las bancadas del Concejo, que reciben ahora un informe mensual de la aplicación de los fondos específicos que los contribuyentes aportan como sobre costo, y que en su mayoría están destinados a la realización de las obras necesarias para superar los déficit que adolece la SCPL en sus tres prestaciones.

Sobre fin del año recién se logró que la presión de los ediles locales, mediante enérgicos reclamos a la Legislatura, movieran en Rawson el convenio ya establecido en 2013, para que el erario provincial se hiciera cargo en tiempo y forma de su responsabilidad directa sobre el mantenimiento y costos del traslado del agua potable entre el Lago Musters y las cisternas de la ciudad. Un costo que en los últimos veinte años viene haciendo la cooperativa en forma directa y que afectó notablemente sus finanzas por la mora de la caja provincial.

En el mismo rubro, también fue expeditivo el cuerpo de concejales toda vez que se trató la aprobación de gestiones y convenios del intendente ante ENHOSA, para la construcción de obras adicionales para mitigar la crisis del agua potable en la ciudad. De hecho, en las últimas sesiones ordinarias del año, se aprobaron los acuerdos por obras que sumarán una inversión de 38 millones de pesos por cuenta del estado nacional para ello.

HIGIENE URBANA

Durante 2014, la discusión más trascendente estuvo dada por los profundos cambios que había que producir en el sistema de higiene urbana de la ciudad, a partir del vencimiento del contrato de 10 años con la prestataria, CLEAR SRL.

La reformulación total del sistema, ya considerando el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de los residuos sólidos urbanos; la creación de los denominados “puntos verdes”, para la recolección diferenciada y la erradicación de los más de cincuenta basurales clandestinos; y la urgencia de intensivas campañas de educación ambiental para que los frentistas se ajusten al nuevo sistema integral, merecieron todo tipo de acotaciones y adaptaciones en las discusiones entre concejales y funcionarios de los organismos municipales de obras, de saneamiento y de medio ambiente.

Fueron incontables los encuentros del pleno de los concejales con los responsables de las áreas específicas, en la intención que la materia legislada sea efectivamente practicable y se ajuste a los curiosos parámetros culturales de la variada población de los barrios de la ciudad.

De hecho, corre por estos días de enero el primer plazo del proceso licitatorio para el contrato por la próxima década, para empresas locales o nacionales que se interesen en participar de la prestación de los nuevos servicios, que incluirán en el tiempo la instalación de hasta 400 “iglú”, o contenedores especiales para que la población disponga para su reutilización a los desechos inorgánicos que puedan ser reciclados (papel, cartón, plásticos, vidrio, envases de aluminio).-

El sistema –se recordará—generó una “tasa verde”, como adicional a los recibos de Higiene Urbana, que en la mayoría de los casos –domiciliarios—rondará los cincuenta pesos mensuales; en tanto los nuevos pliegos obligan a los grandes generadores de residuos de optar por hacerse cargo de sus desechos, o pagar los valores proporcionales que el municipio determine según volumen, peso y frecuencias.

El vital asunto implica un revolucionario cambio cultural que si bien había sido planteado en distintas gestiones desde que retornó la democracia, recién ahora se tomó la firme decisión de afrontarlo integralmente como una política de estado fundamental.

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