"Quieren desalojar a los pueblos originarios porque van por la tierra"

Magdalena Odarda cuestiona a la oposición por usar los conflictos indígenas como campaña electoral. Mientras pide la urgente prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial, que suspende los desalojos, afirma  que el empresario Joe Lewis cerró con un muro el acceso al Lago Escondido y tiene un aeropuerto en la frontera sin controles ni radares.

Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), está contenta pero alerta. Es porque el Senado aprobó la prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial que suspende los desalojos de las comunidades de pueblos originarios, pero para que sea ley falta su tratamiento y sanción en la Cámara baja.

"Se partió el bloque de Cambiemos y el radicalismo acompañó con sus votos, nos habíamos reunido para que tuvieran todas las carpetas técnicas y se aprobó con 42 senadores a favor, dos en contra, y hubo siete abstenciones. Es un gran logro de las comunidades y de todo el equipo de INAI, pero estamos luchando para que Diputados lo trate el 10 de noviembre, no queremos que se dilate porque las comunidades indígenas están muy preocupadas, el 23 se vence la protección contra desalojos compulsivos en todo el país", expresó Odarda.

En diálogo con Página/12, la funcionaria adjudicó el regreso del discurso racista y discriminatorio hacia los pueblos originarios a un intento de hacer caer esa norma, por razones políticas y económicas en plena campaña electoral.

Al mismo tiempo que destacó la labor de la senadora salteña Nora Giménez, "que fue una luchadora en la sesión", Odarda dijo que la ley debe ser aprobada antes de las elecciones.

"Hay gente movilizada en distintos lugares del país, sería una falta de respeto que tuvieran que dejar los acampes y después volver. Además, esta avanzada de un discurso racista se va a profundizar si se demora mucho el tratamiento, entendemos que tiene que ser lo antes posible para que los diputados puedan acompañar a sus comunidades de cada provincia y dar tranquilidad a las familias, porque si la ley no se prorroga, empiezan los desalojos. Sin esta ley de cobertura que los suspende se van a producir en forma masiva, y eso va a alterar la paz social en forma considerable. Incluso se caerían todos los convenios que ya tenemos firmados como el que concretamos con Neuquén, para relevar 43 comunidades, con Jujuy, Salta, Misiones, Chaco, Santa Fe y San Juan. Tenemos en carpeta hacerlo Chubut, Santiago del Estero y Catamarca. Si se cae la ley pierden validez y volvemos a foja cero", expresó la funcionaria nacional, abogada experta en derecho indígena, oriunda de Córdoba.

RESPUESTA PROVISORIA

La titular del INAI admite que la ley de Emergencia Territorial, como su nombre lo indica, es una respuesta provisoria e insuficiente. "La única vía para resolver los conflictos existentes de los pueblos indígenas con el Estado son estas políticas públicas, con la 26.160, y una vez terminados los relevamientos y demarcaciones territoriales hay que poder sancionar la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que es una deuda desde la reforma de la Constitución”.

Añadió que “estamos escuchando discursos anacrónicos que tienen una intencionalidad por las próximas elecciones. Lamentablemente buscan votos profundizando el odio y llamando a la discriminación racial. Pero hay un motivo netamente económico, hay muchos sectores que están esperando que se caiga la ley, están acechando para hacer un nuevo despojo de los territorios indígenas. Son como aves de rapiña. Es una disputa de modelo de país, uno que va hacia mayores grados de igualdad y otro que vuelve atrás en la historia para justificar delitos de lesa humanidad y genocidios como los que se cometieron en Rincón Bomba, en Napalpí, en la mal llamada Conquista del Desierto. Me genera indignación y dolor porque la campaña termina el 14 de noviembre, pero el daño que van a producir en los cuarenta pueblos indígenas que tenemos en Argentina es muy grave. Asociar violencia y conflicto con pueblo indígena es un mensaje de alta gravedad institucional, y lo escuchamos también de representantes institucionales, que reivindican genocidio y operativos como los que hubo en el gobierno anterior, que terminaron con la vida de un joven como Santiago, y una matanza por la espalda a un pibe de Bariloche, que aún no tienen justicia.

La funcionaria nacional apuntó que en Río Negro solamente “hay más de 100 comunidades que lo están esperando desde hace años. Enviamos tres pedidos y no hemos recibido respuesta. Además, jamás ha entregado un título comunitario indígena como han hecho otras legislaturas, lo cual atenta contra la propia Constitución provincial. Y por otra parte Lewis se dio el gusto de cerrar totalmente el acceso al Lago Escondido, con la anuencia del gobierno de Río Negro, que debió haberlo abierto hace 10 años. Construyeron un gran vallado con cámaras de seguridad en un camino público, violando una sentencia a favor de los ciudadanos para abrirlo. Este empresario inglés tiene un aeropuerto enorme en zona de frontera, y a dos horas de las Islas Malvinas, que no sabemos qué hace porque no tiene radares. El gobierno de Río Negro tampoco habla de eso, criminaliza los reclamos sociales pero a los poderosos les permite hacer lo que se les antoja violando la ley. Peleamos desde hace 16 años por esa apertura, la justicia nos dio la razón pero, en lugar de abrir el camino, lo vallaron y pusieron cámaras”.

Fuente: Página 12

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