El juicio oral se desarrolla en los tribunales de Trelew y tiene como representante del Ministerio Público Fiscal al fiscal general Aldo Nizetich. La acusación sostiene que J.C.M. habría utilizado documentación falsa correspondiente a distintas diplomaturas y cursos.

Según la Fiscalía, el episodio se remonta al 24 de abril de 2024, durante una audiencia de cómputo de pena en la que intervino el juez de Ejecución Gustavo Castro. En esa instancia, el condenado buscó acceder a una reducción contemplada por el artículo 140 de la Ley de Ejecución Penal N.º 24.660.

Los certificados bajo sospecha

Entre la documentación presentada figuraban certificados atribuidos a la Universidad Nacional de Córdoba correspondientes a una diplomatura en Educación Física, Deporte y Recreación de 630 horas; otra en Gestión y Organización de Eventos, también de 630 horas; un curso de Instalador Electricista de 160 horas y otro de Mecánica Básica del Automotor.

También se incorporaron certificados atribuidos a la Sociedad Argentina de Pediatría sobre prevención del embarazo adolescente, prevención del suicidio adolescente y prevención de la obesidad en niños, niñas y adolescentes, todos de 150 horas.

La Fiscalía sostiene que el acusado conocía la presunta falsedad de la documentación y que su objetivo habría sido obtener una reducción de 16 meses en el cómputo de su condena.

La defensa intentó cuestionar la calificación legal antes del inicio del debate, pero la jueza Mirta Moreno consideró extemporáneo el planteo, dado que la causa ya había atravesado la audiencia preliminar de elevación a juicio.

El debate continúa bajo la calificación de uso de documento público falso en carácter de autor. En caso de ser declarado culpable, la Fiscalía adelantó que solicitará una pena que no exceda los seis años de prisión, además de la declaración de reincidencia.