Radicales de Cañadón Seco denuncian falsificación de avales

Alrededor de diez afilados a la Unión Cívica Radical de Cañadón Seco acudieron la semana pasada ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia y formularon una denuncia penal por falsificación de firmas contra los apoderados de los seis sublemas partidarios que se presentarán en la elección de presidente de la comisión fomento.

Caleta Olivia (agencia)

Precisaron que la UCR solo posee 33 afiliados en Cañadón Seco, de los cuales uno está fallecido y que ellos (los denunciantes que representan el 30% de ese padrón) no firmaron aval a ningún candidato.

Matemáticamente esto hace imposible que los seis sublemas tengan el aval del 15% de los afiliados como lo requiere la ley electoral y consecuentemente se presume que la falsificación de firmas podría afectar a la totalidad de los afiliados del partido.

Vale señalar que Ricardo Albornoz, quien encabeza la Secretaría Electoral, puso de manifiesto ante un caso similar que la adulteración de avales es un delito y que “el responsable es el apoderado, en principio porque actúa como escribano y lo debe investigar un Juzgado de Instrucción”.

Formalmente, la denuncia penal es por la comisión del delito de falsificación de documento público–planilla de avales tipificado en el Código Penal Argentino.

Según los argumentos de las autoridades electorales, lo que se pone de manifiesto es que las candidaturas “no tratan de emprendimientos individuales, sino que cuentan con un mínimo grado de respaldo colectivo por parte de los afiliados a las fuerzas políticas que conforman la alianza”.

Fuentes judiciales indicaron que los apoderados y candidatos de los sublemas N° 290 “Crecer Cañadón”; N° 291 “Todos por Cañadón”; N° 292 “Más Fe con “Valores por Cañadón Seco”; N° 294 “26 de Junio”; N° 303 “Vamos Cañadón”; y N° 305 “Todos Somos Cañadón”, serán citados a declarar ante el Juzgado de Instrucción N° 2 (Expediente N°24.472/19), y que se estaría por notificar al Tribunal Electoral de esta anormalidad.

Los denunciantes manifestaron que “no quedan dudas que fueron falsificadas nuestras firmas en las planillas de avales, lo cual las torna nulas de nulidad absoluta, y tanto la o las personas que falsificaron nuestras firmas, como quienes hicieron uso de esos documentos públicos adulterados, les cabe las sanciones que establece la ley”.

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